El Gobierno quiere borrar la imagen de un Poder Judicial plagado de varones, que quedó en evidencia este lunes en la apertura del Año Judicial en el acto celebrado en la sede del Tribunal Supremo. Todos los jueces que acompañaron al Rey en la foto eran hombres.

El Ejecutivo baraja ya varios nombres femeninos, entre los que pujan con más fuerza el de Ana Ferrer, miembro de Jueces para la Democracia y única mujer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente para juzgar también a diputados, senadores y miembros del Gobierno, entre una lista de 10 miembros, todos hombres, y que preside Manuel Marchena.

Nombres en femenino

Ana Ferrer ha sido la única mujer en la poderosa Sala de lo Penal, desde su llegada en 2014, hasta los nombramientos recientes de Susana Polo y Carmen Lamela.

Otra de las juezas que valora el Equipo de Sánchez es Lourdes Arastey, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, desde 2009 y experta en temas de igualdad y violencia de género.

En las quinielas para presidir el Tribunal Supremo también está Encarnación Roca, actual vicepresidenta del Constitucional, cargo que ocupó en marzo de 2017 tras convertirse en la primera mujer magistrada en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Ha establecido jurisprudencia con sus sentencias en el ámbito del derecho familiar a favor de la igualdad.

La magistrada de lo Contencioso-Administrativo del Supremo Pilar Teso Gamella es otra de las firmes candidatas y, de hecho, se midió en 2013 con el actual presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes.  También lo es la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga María Luisa Balaguer, magistrada del Tribunal Constitucional.

Una sustituta para la apuesta de Gallardón y Rajoy

La elegida, si finalmente el Gobierno consigue feminizar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá el reto de buscar una independencia puesta en entredicho durante el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuya apuesta, en 2013, con Alberto Ruiz Gallardón de ministro de Justicia, fue Carlos Lesmes, un magistrado de corte tradicional, proveniente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y con una anterior carrera política, como director general de Objeción y Conciencia, en 1996, con la llegada de José María Aznar al Gobierno. Lesmes estuvo en el cargo hasta el 2000, cuando fue nombrado Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, hasta 2004, año del fin del Gobierno Aznar.