El presidente de la Societat Catalana de Ginecología y Obstetricia, Ramón Carreras, en declaraciones a El Periódico de Catalunya, ha recordado que “interrumpir la gestación de un feto en el que se detectan malformaciones graves fue legal incluso en tiempos del general Franco” y que esas circunstancias son entendibles por “razones humanitarias” y de simple “sentido común”.

Una medida contra los avances científicos
Carreras, además, ha señalado que con esa decisión el Gobierno popular dejaría sin sentido los avances científicos que permiten detectar en las primeras semanas del embarazo si el feto sufre problemas cromosómicos, genéticos o morfológicos que impedirán su supervivencia y provocarán gran sufrimiento en las familias.

El especialista ha subrayado la incongruencia que significaría el hecho de que se hiciera aplicar a las gestantes el test que detecta el síndrome de Down, que es parte del protocolo médico, y después decirle a la embarazada que no puede elegir entre abortar o no. Lo mismo ocurriría con el resto de malformaciones que se detectan con técnicas de diagnóstico.

Gravísimas malformaciones
El presidente de la Societat Catalana de Gineología ha aclarado que no se refiere a problemas como que falte “un dedito en una mano”, sino a gravísimas alteraciones, como fetos que sufren anencefalia, que nacen con el cerebro al descubierto, o ausencia de órganos incompatibles con la vida.

Se niega a la familia su derecho a decidir
En el mismo sentido, el presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Luis Enrique Sánchez, ha declarado a El País que el Gobierno “negará a la familia el derecho a decidir cuando se enfrenta a enfermedades que hacen imposible que el bebé pueda vivir más de unas horas o que hace casi inviable que la persona salga de un hospital”, y ha alertado de que esta decisión “producirá mucho sufrimiento”.

A la cola de Europa
Con esta modificación de la Ley del Aborto el Gobierno conseguirá una de las normas más restrictivas de la Unión Europea, situándonos junto a Malta e Irlanda, que son los únicos países miembros que no contemplan la opción de malformaciones graves. Incluso un país como Polonia, que tiene una ley al respecto muy limitada, reconoce esas circunstancias como una de las causas para permitir el aborto.

El padre de Gallardón recurrió la ley del aborto en 1983
Resulta significativo que el Gobierno del PP adopte una medida tan retrógrada como esta teniendo al frente del ministerio de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón , cuyo padre, José María Ruiz Gallardón, fue el ponente y primer firmante del recurso que en su día interpusieran 53 diputados de Alianza Popular ante el Tribunal Constitucional contra la ley que despenalizaba el aborto en 1983.