El Fondo Monetario Internacional ha dado un rapapolvo colectivo a muchos países porque se gasta mal el erario público ,con poca transparencia en demasiadas ocasiones, hasta el punto de que calculan que un 15 por ciento de lo que se invierte en obra pública, no solo se desperdicia, sino que acaba propiciando la corrupción.
Así lo han dejado negro sobre blanco en un libro titulado Bien gastado y que advierte de estos sesgos indebidos en la economía de las naciones, alentando a corregirlos.
Creado en el seno de Naciones Unidas en 1944 por 44 países que buscaban evitar los efectos de la Gran Depresión de los años 30, el objetivo primero de este organismo es asegurar la estabilidad del sistema de pagos internacionales y tipos de cambio, que permite a los países y a los ciudadanos realizar transacciones.
En los tiempos que corren, la llamada del FMI a los gobiernos a invertir con eficiencia y cuidando de que no haya desvíos delictivos, es especialmente importante para amortiguar el impacto del coronavirus en la economía.
En el caso de España, el trabajo señala que en el período 1995-2016 esos malos manejos en los concursos públicos llevaron a prácticas corruptas. Ejemplifican con el aeropuerto de Ciudad Real, el más absurdamente famoso de España, cerrado pocos años después de su construcción, la quiebra de algunas autopistas y el consiguiente rescate del Estado.
Tienen razón los expertos del FMI: las obras públicas son un foco de interés para quienes llenan la cartera gracias al erario público, en una compleja trama de comisionistas, empresas adjudicatarias, organismos de la administración (propia o extranjera) que deciden las licitaciones, y mucha sinvergonzonería.
Un asunto de infraestructuras, es el que analiza ahora el Tribunal Supremo en relación al rey emérito, para averiguar si existen indicios de presuntos delitos cometidos después de haber abdicado. Lo que investiga un potente equipo de fiscales altamente especializados en esta materia, es si Juan Carlos I pudo estar implicado en el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca. Colabora también a esclarecer los hechos, la Unidad Penal de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.
La falta de claridad en la actuación de las instituciones, trae estos conflictos tan poco edificantes. La opacidad de la Corona, unida al silencio de muchos medios de comunicación sobre las acciones del anterior monarca, llevan a situaciones imposibles.
No estaría de más que al margen de lo que digan los tribunales, iniciáramos un proceso de revisión sobre el artículo de la Carta Magna que libera de toda culpa al jefe del Estado mientras ejerce esa alta responsabilidad. Por dignidad institucional, como primera medida y para que el año que viene el FMI no tenga que afearnos que estamos en la rueda de países que invierten mal .