Lo que estaba previsto que fuese el juicio contra el presunto acosador de Pablo Iglesias e Irene Montero, Miguel Ángel Frontera, tuvo un arranque tenso en el exterior del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid. Detrás de una de las rejas que delimitan el recinto, un hombre se encaraba con el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, con gritos como “desgraciado”, “vende obreros”, “asqueroso”, “aprovechado de los obreros”, o “vallecano de mierda”, entre otros.

El vídeo, que ha conseguido una rápida difusión a través de redes, también ha sido compartido a través de X -antes Twitter- por el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha calificado de “inaceptable” los insultos recibidos por Iglesias y Montero. “Hay quien cree que lo que le hacen a este hombre y a su mujer forma parte de algún tipo de derecho. No es así. Esto es indecente. Es inaceptable”, señalaba el responsable de Transportes.

Lejos de la actitud adoptada por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, que pedía salir al exterior del recinto, pero también solicitaba acción ante las acusaciones de los que se encontraban fuera del juzgado –“Por favor, escúchenle porque está amenazando. Está amenazando. Alguien tiene que hacer algo, que se avise a la Policía”-, el ex líder de Podemos se mantenía quieto y firme frente al grupo de protestantes, hasta que decidió retirarse sin ofrecer respuesta a las acusaciones.

Con la cita de ayer se retoma la fase oral abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 28 de Collado Villalba en 2021. Entonces, la Fiscalía reclamaba tres años de prisión por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, otro de acoso y otro de descubrimiento de secretos, así como dos multas por valor total de 13.800 euros.

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Por su parte, la acusación particular de Iglesias y Montero solicitaba un año y medio de cárcel, con una multa de 9.000 euros y una indemnización de 20.000 euros por daños morales susceptible a la imputación de delito de coacciones continuadas.

Sobre el acusado Miguel Ángel Frontera, el que fue vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, señaló que es “la punta de lanza de una estrategia mediática que mediante el acoso y la violencia” tenía como objetivo que ambos se retirasen “del país y de la política”. Asimismo, Iglesias solicitó que nadie quedara impune y lo definió como algo “grave por lo que representa a la democracia española”.

De igual manera, la que fue ministra de Igualdad, calificó a Frontera como “instigador” del acoso a su familia en su chalet de Galapagar, un lugar “que debería ser el más seguro para cualquier persona, que es su casa” y ha compartido las palabras de Iglesias en cuanto al acoso mediático y político que lamentan haber sufrido “para impedir los avances sociales”.

El acoso en Galapagar

Durante la celebración del juicio en la mañana de este lunes 27 de mayo, ambos pudieron relatar lo que vivieron durante varios meses en 2020. “Una situación permanente de nervios, recorría una y otra vez el perímetro de nuestra casa. No le deseo a nadie lo que hemos vivido”, señalaba Montero. Además, sobre el acoso llevado a cabo especialmente por Frontera, la ex ministra de Igualdad añadió que eran conscientes de que el acusado presumía a diario de conocer todo el perímetro de seguridad de la familia y que no pensaba parar. “Podía venir en cualquier momento, se plantaba allí, era una situación permanente de nervios, nunca sabías qué podía ser lo siguiente”.

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Por su parte, Iglesias declaró que “era una situación angustiosa, muy difícil de vivir, hasta sacar a los perros era complicado. Claro que teníamos miedo, era una situación indescriptible. Era difícil dormir a los peques, empezaban a tener la percepción de algo extraño”.