El grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y sustituir las penas impuestas a delincuentes extranjeros por, directamente, su expulsión del territorio nacional y la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen si son condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito de cualquier gravedad. La iniciativa del partido de extrema derecha plantea modificar el artículo 89 del Código Penal para que la pena, sea leve, menos grave o grave, impuesta a un ciudadano extranjero condenado por sentencia firme, sea sustituida por completo por la expulsión directa del territorio español y la revocación de la nacionalidad.
Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo de la pena en el país de origen, el juez podrá acordar la ejecución de una parte de la pena, que no podrá ser superior a dos tercios, y sustituir el resto por su expulsión de España. En los casos en los que se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo en el país de origen del condenado, el partido de Santiago Abascal propone que el juez acuerde la ejecución de todo o parte de la pena "en la medida necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito".
Expulsión y revocación de la nacionalidad
La proposición establece que el extranjero expulsado no podrá regresar a España en un plazo de diez a veinte años y que la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo para residir o trabajar en España, así como la extinción del derecho a percibir ayudas, prestaciones o subvenciones públicas de cualquier naturaleza. El partido ultraderechista también plantea añadir al Código Penal la pena de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen, hayan adquirido la nacionalidad española y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito previsto en el Código o en leyes penales especiales, sin perjuicio de las demás penas previstas para el delito correspondiente.
La iniciativa incluye, además, una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno suscriba acuerdos multilaterales y bilaterales con otros estados y promueva normas en el ámbito de la Unión Europea para que la expulsión de delincuentes del territorio español lleve consigo el cumplimiento íntegro en sus países de las penas impuestas por los tribunales españoles, con mecanismos de verificación periódica. En su argumentación de motivos, Vox sostiene que la reciente reforma en materia de multirreincidencia resulta "insuficiente" porque, a su juicio, no afronta "el principal y más grave factor asociado al incremento de la delincuencia en España", que identifica con "el fenómeno de la inmigración masiva".
El grupo parlamentario afirma que la reforma busca "dar una respuesta eficaz" a situaciones en las que individuos de origen extranjero incurren en la delincuencia y pretende reforzar la reacción del Estado con un régimen "más severo y efectivo" de expulsión para quienes, "con independencia de la gravedad individual del delito o delitos cometidos", acrediten mediante su conducta la voluntad de quebrantar la legalidad penal española. Del mismo modo, Vox propone suprimir la previsión actual que permite excluir la expulsión cuando pueda considerarse desproporcionada por las circunstancias personales del autor y su arraigo en España, al considerar que la invocación de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos "ha permitido neutralizar la expulsión incluso en casos de reiteración delictiva".
La formación dirigida por Santiago Abascal defiende también que la nacionalidad constituye el vínculo que une a la persona con el Estado y sostiene que no puede seguir permitiéndose que quien haya adquirido la nacionalidad española utilice esa posición para "volverse contra sus propios compatriotas", por lo que plantea introducir estas modificaciones en el Código Penal y el Código Civil para hacer posible su pérdida por sentencia firme.
Consideran "insuficiente" la multirreincidencia por la que votaron
Cabe recordar que el Congreso aprobó, hace unos meses y con los votos favorables del propio Vox entre otras formaciones, una reforma penal impulsada por Junts para endurecer las penas a la multirreincidencia. Aquella votación sirvió de extraño precedente en el que ultraderechistas e independentistas votaron en el mismo sentido, muy disidentes discursivamente en el Parlamento a pesar de sus múltiples similitudes ideológicas.
Durante el debate de la norma en el pleno de la Cámara, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió que la ley "nace del territorio, no de los despachos", a la vez que valoraba que la reforma llegaba "muy tarde" tras "bloqueos y dilaciones". Pese a ello, la diputada de la formación de Carles Puigdemont afirmó que con la ley "se ataca la impunidad" y que es "una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil" para jueces, fiscales, policías.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe calificó la reforma de "necesaria, pero no suficiente", y celebró que "la realidad acaba imponiéndose". "No estamos ante una abstracción jurídica. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso", argumentó entonces. En la misma línea se pronuncian ahora los ultraderechistas, insistiendo en la insuficiencia de la medida e impulsando un argumentario atravesado por la xenofobia para expulsar y revocar nacionalidades por encima de los procedimientos jurídicos habituales.
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