El encendido del alumbrado marca el inicio de la Feria de Abril 2026, una de las citas más multitudinarias del calendario sevillano, que durante una semana reúne a miles de personas en torno a la tradición, la música, el folklore y la convivencia. Tanto residentes como visitantes llenarán las más de mil casetas del Real, en unos días en los que la vida de la ciudad se traslada al recinto ferial.
En paralelo, vuelve a cobrar protagonismo un fenómeno creciente en redes sociales: la difusión de imágenes de personas ebrias bajo el hashtag #papagorda, una práctica que puede acarrear sanciones de hasta 10.000 euros.
El ambiente festivo propicia la exposición en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes. El consumo de alcohol, habitual en estas fechas, puede derivar en situaciones de embriaguez que algunos aprovechan para grabar y difundir vídeos sin consentimiento, con fines burlescos. Esta dinámica, que se repite en los últimos años, ha reavivado el debate sobre los límites éticos y legales de este tipo de contenidos.
También hay otros vídeos donde se puede inferir que las personas que aparecen en ellos no saben que están siendo grabadas porque no interaccionan en ningún momento con el sujeto que recoge las imágenes ni miran al móvil y, en ocasiones, el plano en el que aparecen es muy lejano.
Ante ello, el Consejo Audiovisual de Andalucía advierte de que la difusión de imágenes de personas en estado de embriaguez puede constituir un delito, incluso si existe consentimiento inicial, en caso de que el afectado se sienta perjudicado. Además, subraya que la propia grabación, aunque no llegue a difundirse, puede tener consecuencias legales si resulta lesiva.
Lejos de ser algo puntual, esta práctica se ha consolidado desde su aparición en 2019 y ha ido ganando alcance. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, redes como TikTok y X concentraron miles de publicaciones vinculadas a este fenómeno, acumulando decenas de millones de visualizaciones.
Las autoridades recuerdan que estas conductas no quedan impunes. Las sanciones pueden alcanzar los 10.000 euros en función del daño causado, como ya ocurrió en un caso similar sancionado en 2022 por la Agencia Española de Protección de Datos.