Celebramos este año el compromiso de toda una sociedad para recuperar la alegría que inundó las calles, las plazas y los barrios de toda España con reivindicaciones de derechos y libertades. Esa fue la prioridad nacional hace 50 años: el deseo de la construcción de una Nación donde se volvieran a instaurar la justicia, la libertad y la seguridad para establecer una sociedad democrática avanzada, tal y como se recoge en el Preámbulo de la Constitución Española de 1978. Orgullo de país.
Cuando llegué a España, hace más de 20 años, me hablaron de aquello, de las reivindicaciones populares de entonces: la falta de agua potable en barrios, la falta de infraestructuras; no había colegios, la falta de industria, no había vanguardia, no había cultura…
Me hablaron también de las penalidades que sufrieron familiares y vecinos que, con lo puesto, decidieron emigrar a democracias consolidadas, ricas e industriales de Europa y también de América; que muchos habían echado raíces, que otros decidieron volver a la patria, porque el sueño de todos los que abandonan su hogar es siempre volver. Me explicaron el concepto de la morriña gallega.
Me contaron la alegría de todos aquellos exiliados políticos, del mundo de la cultura… La nación respiraba ganas de democracia.
Esa memoria sigue estando muy presente.
Por eso, este país no puede permitirse ninguna grieta en la defensa de la democracia. Aún persisten demasiadas heridas, profundas y mal cerradas, tras más de cuarenta años de brutalidad estatal. Un régimen que, con violencia, persiguió todo aquello que consideraba una amenaza, y que terminó hundiendo a España en una profunda miseria política, económica e intelectual.
Los pactos de Vox y el Partido Popular son una clara defensa de esas posturas, porque defender la miseria no debe ser nunca una prioridad nacional.
Uno no se puede sentir orgulloso cuando categoriza a las personas en ciudadanos de primera y de segunda clase; eso nunca puede ser la prioridad de ningún partido político que crea firmemente en la democracia.
Dividir a la sociedad entre los que no tienen derecho a disfrutar de unos servicios públicos, pero sí la obligación de soportarlos y contribuir a ellos mediante el pago de impuestos, ya sean directos o indirectos, cuando se les niegan esos mismos servicios públicos, es abrir la puerta a otra forma de esclavismo. Porque, con la regularización de personas, se les cierra el chiringuito de la economía sumergida, del chantaje del “aquí mando yo”.
Cuando miles de personas van a recuperar la dignidad que se les fue arrebatada, aquellos que defienden la miseria se inventan las prioridades porque les molesta tener que contribuir a la construcción de una democracia basada en el Estado social. Este es el mensaje: tendrás un trabajo digno, pero seguirás teniendo una vida indigna.
Y Feijóo, en lugar de rebelarse ante esa idea, ha preferido la miseria; ha preferido destruir el Estado democrático, dilapidando uno de sus pilares: el principio de igualdad, abriendo la puerta a una España cruel, mísera y lanzada a los chantajes.
El señor Feijóo es el único responsable de borrar la dignidad de un país. Un líder que antepone sus ansias de poder a la democracia, no merece ningún respeto por parte de la ciudadanía.
Es hora de demostrarles a estos pseudo líderes que somos más los que creemos en el progreso que en la involución. Es hora de recordarles que ya se luchó contra el racismo, y se ganó. Es hora de recordarles que ya se luchó contra los fascismos, y se ganó. Es hora de recordarles que ya se luchó por la igualdad entre hombres y mujeres, y se ganó.
Es hora de recordarles que la única prioridad nacional es el artículo primero de la Constitución Española de 1978:
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Cualquier pacto político que ponga en marcha la quiebra del principio de igualdad, se encontrará con la vergüenza y la deshonra de haber traicionado a España, porque, ante cualquier medida discriminatoria, activaremos todos los mecanismos de defensa de la protección de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona y los poderes públicos tienen el deber de respetarlos, estando su actuación sometida a la ley.
Con la Constitución no se juega. Defender la Constitución Española debe ser la prioridad nacional.
Por Luc André Diouf Dioh. Portavoz de Migraciones del Grupo Parlamentario Socialista, secretario de Políticas Migratorias y Refugiados del PSOE y diputado por Las Palmas