La verdad sobre la crisis migratoria de Ceuta: el millonario reparto que PP y Vox ocultan para desgastar al Gobierno

La crisis migratoria de Ceuta ha vuelto a situar la frontera sur de España en el epicentro de la máxima tensión política. Lo que comenzó como un desafío humanitario y fronterizo de extrema complejidad en la ciudad autónoma se ha transformado, en tiempo récord, en una coordinada estrategia de desgaste por parte del Partido Popular y Vox. Frente a la resistencia institucional del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la oposición ha desplegado una ofensiva basada en la polarización y el bloqueo, utilizando la frontera no como un asunto de Estado, sino como un arma arrojadiza electoral.

La gestión de los flujos migratorios en el Tarajal representa uno de los desafíos más sensibles para la soberanía nacional y la diplomacia con Marruecos. Durante las últimas alertas fronterizas, el Ministerio del Interior, coordinado con la Unión Europea activó con eficacia los protocolos de seguridad y asistencia. Una actuación firme y decidida que ha contado con el respaldo inequívoco de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien felicitó al Gobierno de España a través de una carta formal al presidente Sánchez, calificando la gestión del Ejecutivo de “eficiente y eficaz”. Sin embargo, la respuesta operativa del Gobierno se ha topado con una oposición encabezada por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que, lejos de ejercer una lealtad democrática mínima en una frontera internacional, persigue el colapso institucional.

Esta estrategia de desgaste se sostiene hoy sobre tres ejes fundamentales que retratan la preocupante deriva de la derecha española:

• La quiebra de la política exterior: PP y Vox utilizan la emergencia humanitaria para dinamitar las complejas relaciones bilaterales con Marruecos, cuestionando acuerdos estratégicos de control migratorio y seguridad que la propia Unión Europea avala y financia.
• La criminalización del migrante: La derecha enlaza de forma sistemática e irresponsable la inmigración irregular con problemas de orden público y seguridad ciudadana, apelando al miedo para pescar votos en el caladero de la extrema derecha.
• El bloqueo asfixiante a las soluciones: El rechazo sistemático a reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Al boicotear esta reforma, las autonomías del PP condenan deliberadamente a Ceuta, Melilla, Canarias y a las zonas costeras del sur de Andalucía a la saturación asistencial con el único fin de culpar al Gobierno Central. Todo ello a pesar de que el Ejecutivo Central ha aprobado el reparto sectorial de 35 millones de euros entre las comunidades autónomas para facilitar la acogida, complementando una partida extraordinaria de 25 millones de euros inyectada directamente a Ceuta para paliar la emergencia asistencial, datos ofrecidos tanto por el Ministerio de Juventud e Infancia (responsable de los fondos sectoriales de las comunidades autónomas) como por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (que anunció la partida de emergencia tras la crisis fronteriza).

Esta pinza política persigue un único objetivo: aprovechar cualquier crisis fronteriza para desestabilizar la legislatura y forzar un adelanto electoral, renunciando a ofrecer una sola alternativa real de gestión. Mientras el establishment conservador siga sin asimilar los mecanismos constitucionales que permiten articular mayorías parlamentarias plurales en este país, continuarán utilizando el ruido y la crispación como único programa de gobierno.

Frente a este dilema, la ciudadanía se encuentra ante dos modelos opuestos de entender el Estado. Por un lado, el de aquellos que agitan la xenofobia y la fractura social bajo la consigna del “sálvese quien pueda”. Por otro, el modelo del Gobierno de coalición, que defiende la gobernanza humanitaria, el cumplimiento de los tratados internacionales y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, bajo la premisa de que los derechos humanos y la seguridad jurídica son innegociables.

No es tiempo de discursos de odio ni de sabotajes institucionales. Defender la estabilidad de España significa, hoy más que nunca, blindar la información veraz, ejercer el pensamiento crítico y exigir a la oposición que se sitúe dentro de la responsabilidad de Estado, reconociendo que la solidaridad interterritorial y la legalidad son las únicas herramientas viables para resolver los conflictos frente al ruido de la manipulación partidista.

Diego Ruiz Ruiz es militante del PSOE de Toledo capital