Un bróker vinculado a exdirigentes del PP, entre ellos en este caso al que fuera gabinete de prensa del ex presidente José María Aznar, Germán Alcayde, se enfrenta a una querella por estafa de 250.000 euros; montante que un inversionista le confió para que invirtiera a través del fondo Langur Holding Corporation SL.
Alcayde, quien fuera también compañero de Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño, aparece como miembro de la Junta Directiva de Langur. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero tenía que colocar la cantidad mencionada en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, la construcción y el mantenimiento de proyectos de energía renovable. La firma tiene presencia en España y Sudamérica.
Alcayde, por su parte, entró en 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la dimisión de Carlos Mazón. Un portavoz del expresidente del Gobierno indica al medio de comunicación señalado que Aznar “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”.
A los dos, expresidente y exasesor, se les ha visto juntos en varias ocasiones, como un acto que tuvo lugar el pasado mes de enero en el Colegio Mayor Guadaira de Sevilla. En la ciudad hispalense conversaron sobre geopolítica y energía en el marco de tertulias patrocinadas por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al róker.
Esta segunda es HVR Energy, una energética que depende de Langur y que se encuentra especializada en el desarrollo y la operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar con su equipo directivo, en el que se encuentran Alcayde y Suárez-Olea, que ejerce como CEO, incluye en su esquema a Isabel Tocino, otrora ministra del Medio Ambiente, también con Aznar de presidente.
De hecho, hace unos días el instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de cerca de 13 millones de euros a esa compañía española para que desarrollara el proyecto ‘ACTIVA’, como cuenta elDiario.es.
En la nota, la compañía publicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructuras de hidrógeno en Europa, con un objetivo que pasa por llegar a las 75 hidrolineras operativas en nuestro país antes de 2030. Asimismo, añadía que hasta este momento se ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación tanto pública como privada, lo cual conducirá a poner en funcionamiento más de una cincuentena de estaciones hasta 2028.
La querella
El documento es muy claro a la hora de repartir responsabilidades y califica a Suárez-Olea como el “artífice del engaño urdido” al utilizar el patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. De hecho, la sitúa como plenamente conocedora de la gestión que estaba llevando a cabo, dado que “se erigió en garante personal de la operación” con el objetivo último de “dar mayor apariencia de garantía y solvencia”.
Asimismo, estima que la inversión se materializó, pero que no llegó nunca a ponerse a nombre del propietario real de las participaciones. Por ello, el inversor acudió a la justicia, para denunciar por lo civil primero, y por lo penal de forma complementaria lo que estaba ocurriendo.
Los hechos
Los hechos relatan que, cuando obtuvo el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur. Cuando tuvo que devolver el préstamo al inversor, movió ese paquete a otra empresa: Demonte.
Meses más tarde, el inversor nunca recibió el dinero, solo evasivas en forma de respuesta por parte de Suárez-Olea, pero el dinero nunca llegaba. Finalmente, se le exigió que abonara el montante y se recalculó la cantidad porque las acciones de la energética se habían revalorizado. Con todo, tendría que haber devuelto 1,2 millones de euros.
La querella se interpone algo después en el momento en que la parte damnificada se dio cuenta de que el bróker podría haber repetido este modus operandi con otros clientes y que se encontraba además en “paradero desconocido”.
No declaró
La comparecencia debía haber llegado en marzo de 2025, pero la parte imputada se acogió a su derecho a no declarar defendiendo que no había tenido la posibilidad de instruirse lo suficiente sobre la causa.
El bróker justificó que la querella estaba basada en “generalidades, suposiciones”, así como “menciones imprecisas y vagas”; y que ninguna de ellas acreditaba un ápice de engaño. Lo limitó todo a una “disputa civil”. De igual forma, defendió que siempre había estado localizable y que había respondido a las diferentes peticiones de información del cliente.
Actualmente, tras solicitar el archivo de la causa, la misma habría terminado en la vía civil al, presuntamente, haber entregado los 1,2 millones de euros. La situación sigue abierta en la vía penal.