Las costas que el ex fiscal general del Estado podría llegar a pagar al novio de Isabel Díaz Ayuso han sido rebajadas a la mitad. Así lo ha propuesto el Tribunal Supremo, concretamente la letrada de la Administración de Justicia de las causas contra aforados, la cual ha emitido un decreto en el que realiza una estimación parcial del recurso presentado por García Ortiz contra la primera propuesta del alto tribunal, cantidad que hacía ascender las costas a una cantidad total de 79.9942 euros.
Según ha expresado la letrada, esa cifra la considera "indebida" y, por ello, propone que sea reducida hasta los 39.000 euros. Esta cuantía todavía no sería definitiva, sino que está abierta a experimentar cambios, tanto en lo referido a volver aumentar como a disminuir todavía más.
La condena por la cual el Tribunal Supremo halló a Álvaro García Ortiz como culpable de un delito de revelvación de datos reservados no ha supuesto el final de este caso que ha contado con gran presencia mediática.
El proceso judicial contra Álvaro García Ortiz culminó con una condena histórica y una serie de consecuencias políticas y jurídicas que todavía siguen generando debate. La causa se centró en un delito de revelación de secretos relacionado con la filtración a la prensa de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un procedimiento penal por presuntos delitos fiscales.
El Tribunal Supremo estimó que García Ortiz aprobó o autorizó la difusión de una nota de prensa de la Fiscalía que contenía información que debía mantenerse confidencial, contraviniendo su deber de reserva y generando una potencial lesión a los derechos de defensa y de la presunción de inocencia.
Sin embargo, estos fueron unos hechos que vinieron marcados por el bulo emitido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y quien reconoció ante los jueces no tener la información que trasladó a la prensa por la cual aseguró que era la Fiscalía quien ofrecía un pacto a Alberto González Amador ante dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública y no a la inversa, como verdaderamente ocurrió. A pesar de ello, y de haber ofrecido una declaración distinta a los magistrados previamente, Miguel Ángel Rodríguez ha salido indemne de este proceso judicial.
El 20 de noviembre de 2025, el Supremo declaró culpable a García Ortiz de revelación de datos reservados y le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a favor de González Amador. Con esto se convirtió en el primer fiscal general en ejercicio condenado e inhabilitado en la historia de España.
Tras conocerse la decisión del Alto Tribunal, García Ortiz presentó su dimisión como fiscal general del Estado el 24 de noviembre de 2025, que fue oficializada el 10 de diciembre con la toma de posesión de su sucesora, Teresa Peramato.
La sentencia generó fuertes reacciones políticas. El presidente del Gobierno defendió inicialmente la inocencia de García Ortiz y cuestionó la decisión del Supremo, mientras que partidos de la oposición la utilizaron para criticar al Ejecutivo por su gestión y la independencia del Ministerio Fiscal. Además, el fallo fue recibido con escepticismo por algunos periodistas y juristas que participaron en el juicio, incluyendo profesionales de prensa que negaron que la fuente de la filtración fuera el ex fiscal.
Ahora, el caso continua tanto con la posible fijación de las costas a pagar a Alberto González Amador como con el recurso que se plantea presentar ante el Tribunal Constitucional.