ElPlural.com ha publicado durante cerca de dos años informaciones acerca del chalet en situación presuntamente irregular que el juez Juan Carlos Peinado, quien ha investigado a Begoña Gómez y le ha imputado cuatro delitos, tiene en la localidad de La Adrada (Ávila).
Este periódico ha informado acerca de la situación del inmueble, al que siempre ha acompañado la polémica, entre otras cuestiones, por no disponer de licencia de obra en el momento de su construcción. Ese tema llevó al mediático magistrado a paralizar durante no pocos meses la edificación, pero no es la única controversia que rodea a la vivienda.
Aguas fecales o licencia
El juez también tuvo problemas con las aguas fecales del chalet, otro de los asuntos de los que informó en exclusiva este medio de comunicación. Respecto de ello, el togado que ha dirigido la causa contra Gómez fue condenado a pagar 75.366,61 euros por realizar obras sin que la casa contuviera “la necesaria conexión del sistema de saneamiento de dicha vivienda a la red municipal de saneamiento”.
La condena fue interpuesta por la Audiencia Provincial de Madrid, en respuesta a un recurso de apelación ante la sentencia dictada previamente por el Juzgado de Instancia número 81 de Madrid. La sentencia recogía la ausencia mencionada anteriormente y dejaba claro que la “única responsabilidad” recaía exclusivamente en Peinado.
El chalet, al menos en el momento de publicación de las primeras informaciones, estaba registrado en el catastro como “almacén”, tal y como pudo comprobar ElPlural.com, a pesar de las grandes dimensiones, que han llevado a algunas voces a calificarlo de “chaletazo ilegal”. El inmueble dispone de dos plantas y una piscina, que también ha dado que hablar.
El juez solicitó la licencia en 2022, pero la denegó el entonces alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, aún del PSOE (de un tiempo a esta parte gobierna el PP, mientras que el ex regidor es líder local de la formación abulense Nuestra Tierra) y la aprobó después la dirección ‘popular’.
Posición polémica del ayuntamiento
La posición del Ayuntamiento del municipio castellanoleonés ha estado acompañada del oscurantismo y ha permitido el beneficio de la duda, entre otros, del activista Fernando Jabonero, una de las personas que más han puesto pie en pared -sino la que más- contra la edificación al considerarla “ilegal”. Concretamente, ha expresado en varias ocasiones la supuesta inacción del Consistorio en aras de beneficiar al magistrado, sino directamente, a menos mirando hacia otro lado.
En lo que tiene que ver con la postura de la administración pública, la Fiscalía de Ávila apreció que el Consistorio de Pilar Martínez pudo haber prevaricado al permitir que el juez Juan Carlos Peinado construyera un chalet de manera irregular, pero archivó la investigación al entender que los hechos habían prescrito.
En aquel documento, próximo al verano de 2025, el órgano jurídico señalaba que “las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente” serían “conductas con indicios de criminalidad urbanística, pero serían delitos prescritos”.
La Fiscalía se pronunció en estos términos a tenor de una denuncia que expresaba cómo al juez se le concedió una primera licencia a finales de 2004 y le fue concedida como suelo urbanizable, pero no como suelo urbano. Esto quiere decir que en esa parcela no se podía construir; previamente había que desarrollar un plan parcial que obligaría a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes como zonas verdes, calles y otros equipamientos.
Esa calificación, la de suelo urbano, no llegó hasta 2017, cuando el togado que ha imputado cuatro delitos a Begoña Gómez ya disfrutaba de la casa y el Partido Popular ya se encontraba en el poder.
Este aviso al Ayuntamiento de La Adrada no es aislado. A principios de agosto de 2025, en su caso el Comisionado de Transparencia de Castilla y León lo apercibió por ocultar información. Dicho organismo remitió por aquellas fechas a Jabonero -ahora denunciado junto a ElPlural.com y la Cadena Ser por las informaciones- una nota con la que requería a la alcaldesa del territorio los datos pertinentes “de forma inmediata”.
La administración hizo una respuesta que tampoco convenció a quienes requieren explicaciones, principalmente a Jabonero, contra el que el juez había interpuesto acciones legales anteriormente. El consistorio contestó que se trataba de una labor “sumamente compleja y que requiere la dedicación de personal del ayuntamiento” del cual carecen; y es que el secretario interventor había “dimitido” hace unos días.