Sumar, a la caza de las aerolíneas que especularon con los precios durante la ola de incendios

Hay quien aprovecha las desgracias para sacar tajada. Momentos límites para un grupo de personas que sufren y tienen la necesidad imperiosa de acceder a un servicio que, de buenas a primeras, ha incrementado su precio. Esta es la hipótesis que baraja el Grupo Parlamentario de Sumar, que este miércoles por la tarde elevó una denuncia contra Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Los magentas recogen en su escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso ElPlural.com, que este grupo de compañías multiplicó los precios de los vuelos entre Madrid y Vigo, llegando a cifras desorbitantes que colindaban con los 500 euros. Todo ello, mientras la conexión ferroviaria permanecía cortada ante el avance de las llamas, que a su vez provocó un incremento en la demanda del tráfico aéreo. Así, sus diputados reclaman al organismo en cuestión que “intervenga, investigue los hechos y tome las medidas” que estime necesarias “para proteger el interés general, la equidad territorial y los derechos económicos de la ciudadanía”.

Entre otras cuestiones, los magentas reclaman compensaciones para los pasajeros tales como, por ejemplo, el reembolso completo de los billetes adquiridos en ese periodo de tiempo. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso este periódico y que los diputados del Grupo Plurinacional remitieron a AESA, en el que detallan prácticas tarifarias durante la crisis de los incendios que se saldó con cerca de 100.000 hectáreas calcinadas. Los parlamentarios sostienen que el incremento de precios se produjo “sin información clara, previa ni justificada” en un momento en el que la demanda del transporte “no era voluntaria”, sino “obligada” por una situación de “fuerza mayor”.

El texto expone que “la combinación de factores – emergencia climática, interrupción de servicios públicos, falta de alternativas y precios inflados – coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad extrema”. Un escenario que, según entienden en el Grupo Parlamentario de Sumar, exige una “respuesta institucional” habida cuenta del “grave desequilibrio en los derechos del consumidor” que se ha registrado y la escasa flexibilidad del mercado aéreo para autorregularse en situaciones límite. “Las compañías denunciadas actuaron con una lógica puramente especulativa, aprovechando una emergencia pública para maximizar ingresos, sin valorar las consecuencias sociales de sus decisiones”, puntualizan en el texto que lleva las firmas de la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, así como de los diputados Manuel Lago y Félix Alonso, quienes ya elevaron el caso al Pleno el pasado mes de septiembre.

Abuso y especulación

Los magentas denuncian prácticas abusivas que atentan contra la normativa de consumidores y usuarios, además de un incumplimiento del deber de transparencia e información en la fijación de precios y posibles abusos de poder y práctica restrictiva de la competencia. También, en último término, ahondan en la vulneración del principio de servicio esencial y de continuidad en situaciones críticas. La argumentación del grupo parlamentario se sustenta en la actuación de las citadas aerolíneas como vulneración de los principios básicos de protección al consumidor que están reconocidos en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En este sentido, señalan que citadas firmas impusieron “incrementos súbitos y desproporcionados” en el precio de los vuelos sin “explicación alguna” sobre los motivos “objetivos” de tal incremento. Tampoco sobre los “criterios empleados para fijarla”, percuten los magentas en su denuncia, al tiempo que sugieren que la información que se puso a disposición de los usuarios “se limitó a mostrar el nuevo precio en los canales de venta”. Nada de datos ni de justificaciones medianamente “razonables” que arrojaran luz sobre el “alcance de la obligación asumida”. Opacidad que, insisten en la denuncia, supone una vulneración flagrante del artículo 60 del Texto Refundido, el cual exige no sólo mostrar la cifra final, sino también garantizar que el consumidor “pueda entender y evaluar el precio ofrecido en condiciones de transparencia”.

Fijación de precios

Sumar expone que el transporte aéreo, aunque esté liberalizado en términos de estimación de precios, “no deja de estar sometido a una serie de obligaciones de servicio público y de continuidad” que se desprenden tanto de la normativa nacional como comunitaria. Por ello, el texto recuerda que estas obligaciones son “particularmente relevantes en contextos de emergencia, donde el acceso a la movilidad se convierte en una necesidad básica para los ciudadanos”.

Por eso, exigen a la AESA que verifique el carácter abusivo y desproporcionado de las tarifas impuestas por las compañías denunciadas en vuelos nacionales “hacia y desde Galicia” durante el periodo extremo, así como el incumplimiento en términos de transparencia e información en la fijación de precios. Además, reclaman que declaren las infracciones de la normativa de defensa de los consumidores y usuarios, de la Navegación Aérea, de la Ley de Defensa de la Competencia y la normativa europea aplicable.

Los incendios que colapsaron Galicia

La ola de incendios de agosto dejó casi 96.000 hectáreas calcinadas en Galicia, uno de los peores episodios de los últimos años. Durante más de una semana, el fuego obligó a cortar la línea ferroviaria Madrid-Galicia y varias autovías, entre ellas la A-6 y la A-52, provocando un colapso en el transporte terrestre y un aumento de la demanda aérea.

En ese contexto, los precios de los vuelos se dispararon. Los billetes entre Madrid y Vigo, que normalmente oscilan entre 80 y 120 euros, llegaron a superar los 400 e incluso 500 euros. Para Sumar, esa diferencia no responde a la lógica del mercado, sino a un “aprovechamiento abusivo de una emergencia colectiva”.

El grupo reclama ahora que el caso siente un precedente institucional para evitar que las compañías puedan “hacer caja” en futuras crisis climáticas o de transporte. “La ciudadanía no puede ser rehén de un modelo que prioriza el beneficio inmediato frente al interés público”, concluyen los diputados firmantes.