Las siete preguntas sin respuesta sobre el ático que Madrid compró para Ayuso

De polémica en polémica. La Puerta del Sol no tiene la robustez suficiente para tanto terremoto político. Tras el sinfín de críticas a la gestión de los incendios de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta semana se suma el ático de lujo que la propia administración autonómica adquirió en abril de este año en el paseo del General Martínez Campos. Inmueble que, 24 horas después de que saltara a todos los medios dicha información, decidían vender. La rectificación arroja luz sobre el destino inmediato de la vivienda, pero no despeja las principales incógnitas sobre una compra ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid sin publicidad previa, sin partida identificable en las cuentas y con la intención inicial de convertir una vivienda de uso residencial en una oficina para la jefa del Ejecutivo y parte de su equipo.

En Sol aseguran que el ático estará en el mercado y sus beneficios, junto con los procedentes de otros inmuebles de la región, los destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Una decisión que evita que Ayuso llegue a utilizar, pero que sigue sin explicar cómo se acometió una compra que ha sido desautorizada por el propio Ejecutivo madrileño sólo tres meses después de formalizarse.

El inmueble, de 481 metros cuadrados y de los cuales 199 corresponden a una terraza, se ubica en la novena planta de un edificio residencial de Chamberí. La empresa pública Planifica Madrid lo compró el 14 de abril. Una adquisición que no salió a la luz hasta pasados tres meses y sobre la que no computa comunicación institucional. Todo parte de una investigación periodística, después de que apareciera en el Registro de la Propiedad y lo publicara El País.

1. ¿Cuánto pagó la Comunidad de Madrid?

Por el momento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no emite una explicación pública al respecto, aunque según apuntan en LaSexta citando a fuentes gubernamentales, se cifra la operación en la órbita de los 6 millones de euros. El precio exacto, por lo tanto, es desconocido. Las estimaciones difundidas, a excepción de la mencionada, lo cifraban en varios millones de euros. Sin embargo, ninguna aproximación puede sustituir al dato oficial sobre el dinero desembolsado por una empresa pública.

La ausencia de una cifra pública impide, por tanto, valorar si la compra se realizó por debajo, dentro o por encima del precio de mercado. Tampoco se conocen los impuestos, honorarios y otros gastos asociados a la operación. El anuncio de venta no elimina esa obligación de transparencia, más allá de filtraciones a soto voce a los medios de comunicación.

2. ¿Por qué se mantuvo oculta la operación?

La compra permaneció fuera del radar público durante tres meses y medio. Planifica Madrid no la incluyó entre las actuaciones relevantes recogidas en su portal de transparencia, pese a que la sociedad había actualizado recientemente esa información. Tampoco fue anunciada por el Consejo de Gobierno ni apareció acompañada de una explicación sobre su utilidad pública.

Ayuso ha denunciado una “campaña de desprestigio” y ha insistido en que no se estaba comprando una residencia para ella. Esa defensa responde a una acusación política, pero no aclara por qué una inversión millonaria de una empresa autonómica no fue comunicada hasta que un medio localizó la compraventa. El Ejecutivo tampoco ha precisado quién decidió que la operación debía mantenerse sin publicidad.

3. ¿Quién eligió ese ático y con qué criterios?

La Comunidad no ha hecho público quién propuso adquirir precisamente esa vivienda ni qué criterios técnicos llevaron a escogerla. Se desconoce si Planifica Madrid estudió otros inmuebles, si realizó una búsqueda abierta, si encargó informes comparativos o si recibió directamente la oferta de la propiedad.

Tampoco se ha explicado por qué era necesario un ático de casi 500 metros, con una terraza de 199, para celebrar reuniones o alojar a un “equipo mínimo”. La presidenta llegó a afirmar que el espacio también podría ser utilizado por otros consejeros, una versión más amplia que la explicación inicial, según la cual serviría de oficina temporal para ella durante unas obras en la Real Casa de Correos.

4. ¿Por qué comprar en lugar o utilizar edificios públicos?

Planifica Madrid dispone de edificios completos y otros espacios destinados a dependencias administrativas. Sin embargo, el Gobierno regional no ha presentado un informe que justifique por qué ninguno era adecuado para alojar provisionalmente a Presidencia ni por qué se optó por comprar una vivienda de lujo en vez de alquilar una oficina durante el tiempo que duraran las obras.

El traslado se presentó desde el principio como temporal. La adquisición de un activo permanente para cubrir una necesidad provisional exigía una memoria económica que comparara alternativas, costes y ventajas. Hasta ahora, esa documentación no ha sido publicada ni explicada.

5. ¿Qué procedimiento autorizó un gasto que no figuraba en el presupuesto?

La inversión no aparecía recogida en los presupuestos de Planifica Madrid para 2026. Tampoco consta públicamente una ampliación de crédito del Consejo de Gobierno destinada específicamente a comprar el ático. La Comunidad no ha detallado de qué partida salió el dinero, qué órgano aprobó el desembolso ni qué informes jurídicos, económicos y patrimoniales precedieron a la firma.

Que la compra fuera realizada por una sociedad pública no convierte el procedimiento en una decisión privada. El Ejecutivo debe aclarar qué controles internos se aplicaron y quién asumió la responsabilidad administrativa de autorizar una operación que ahora el mismo Gobierno considera prescindible.

6. ¿Cómo se pretendía instalar una oficina donde la normativa no la permite?

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid impide destinar íntegramente a oficinas un ático de estas características. El inmueble tiene uso residencial y las reglas municipales solo contemplan, bajo determinadas condiciones, un despacho profesional doméstico limitado a una parte de la vivienda. Además, las normas prohíben implantar oficinas o usos dotacionales en la planta ático de edificios como este.

Ayuso evitó responder directamente cuando fue preguntada por la compatibilidad urbanística. Su Gobierno tampoco ha aclarado si solicitó un informe al Ayuntamiento antes de comprar, si consultó la viabilidad de un cambio de uso o si conocía la prohibición. La incógnita es todavía más difícil de justificar porque Planifica Madrid ya había decidido vender otros inmuebles utilizados como oficinas precisamente porque su uso urbanístico era residencial y no podían obtener licencia administrativa.

7. ¿Qué coste tendrá ahora la marcha atrás?

El Ejecutivo ha anunciado la venta, pero no ha informado de cuándo se realizará, cuál será el precio de salida, qué sistema se utilizará ni cuánto costará cerrar una operación iniciada apenas tres meses antes. Tampoco ha aclarado si se habían encargado proyectos de reforma, estudios técnicos, tasaciones o trabajos de adaptación que puedan generar gastos aunque el inmueble nunca llegue a utilizarse.

La intención de destinar los ingresos a los afectados por los incendios tampoco permite conocer si habrá un beneficio, una pérdida o una simple recuperación parcial de lo invertido. Presentar la venta como una medida solidaria no sustituye la rendición de cuentas sobre la compra.