Este martes el portavoz nacional del Partido Popular (PP), Borja Sémper, ha detallado una de las primeras medidas que llevaría a cabo su formación en caso de que su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, llegue a la presidencia del Gobierno. En rueda de prensa, Sémper ha detallado que su formación se comprometerá a liberar un millón de viviendas en el primer Consejo de Ministros si Feijóo llega a Moncloa.
Al hilo de ello, y en materia de vivienda, el portavoz nacional del PP ha querido referirse a la entidad estatal de vivienda Casa 47 para tildarla de “venta de humo permanente”. Así, ha reprochado que “mucho escaparate, pero ninguna llave” tras mencionar los anuncios del Ejecutivo central en esta materia.
Unas palabras que, sin embargo, se han encontrado de frente con la rápida respuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En un mensaje compartido en redes, Puente ha empleado la ironía para retratar la propuesta de Feijóo de desbloquear un millón de viviendas. “Va a contener los insultos y liberar las viviendas. Es una caricatura del estadista que decían que era cuando emigró de Galicia para venir a Madrid”, ha espetado el ministro.
Va a contener los insultos y liberar las viviendas. Es una caricatura del estadista que decían que era cuando emigró de Galicia para venir a Madrid. https://t.co/drMQUvMLQs
— Óscar Puente (@oscar_puente_) September 15, 2026
El PP y su bloqueo de la Ley de Vivienda
Al margen de la reacción del ministro de Transportes, la propuesta lanzada ahora por el PP para liberar un millón de viviendas en el primer Consejo de Ministros si Feijóo llega al Gobierno choca con la postura que han adoptado los populares con la Ley de Vivienda.
Tres años después de la entrada en vigor de esta norma, en los territorios donde gobierna el PP 41 localidades han visto frenadas sus solicitudes para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), ya sea por la negativa de los respectivos gobiernos autonómicos o por la ausencia de respuesta.
Al hilo de ello, la autonomía donde con mayor nitidez se refleja este bloqueo es en la Comunidad Valenciana. En este territorio, hasta 16 municipios han tratado de acceder a dicha declaración. Entre ellos figuran Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandia, Burjassot, Aldaia, Bonrepòs i Mirambell, Petrer y Buñol. A estos, se suman Paterna, Alboraya y Alaquàs.
Un escenario que se replica también en la Comunidad de Madrid. En este caso, al menos once municipios han intentado sin éxito incorporarse a esta declaración: Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Mejorada del Campo, Pinilla del Valle, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio. En este punto, conviene subrayar que Rivas Vaciamadrid ha llegado a recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid la actuación de la Comunidad.
Asimismo, en lo que respecta a los otros municipios, todos gobernados por el PSOE, impulsaron el año pasado una proposición no de ley en aras de modificar la normativa urbanística y facilitar la aplicación de la regulación estatal. Sin embargo, la mayoría de PP y Vox en la Asamblea impidió que esto prosperara.
En líneas similares, en Aragón, Canfranc, Biescas y Aínsa aprobaron solicitar la declaración, pero siguen a la espera de una respuesta del Gobierno autonómico. En Cantabria, el Gobierno del PP ha rechazado las peticiones de Castro Urdiales y Comillas. En Baleares, los municipios de Manacor, Artà, Puigpunyent, Algaida, Esporles, Santa Maria, Pollença, Ciutadella y Maó tampoco han conseguido la declaración de zona tensionada. A todo ello, se suma también Canarias, donde Coalición Canaria gobierna junto al PP, que también han encontrado obstáculos para acceder al mecanismo.
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