El nuevo movimiento judicial del juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha generado revuelo en el foco mediático y político, más aún teniendo en cuenta que, por “un error de un funcionario”, el magistrado ha incluido a la esposa del presidente del Gobierno pese a que la causa tiene su epicentro en el empresario Juan Carlos Barrabés. Bajo este marco, una de las reacciones más difundidas ha sido la esgrimida por Óscar Puente.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha reaccionado en redes sociales a esta noticia de calado político y mediático, y lo ha hecho de una mera que mira hacia otro frente judicial que ha acontecido prácticamente al mismo tiempo: el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, habría facturado 4,4 millones de euros en el ámbito sanitario privado, según un informe de la Agencia Tributaria y tal y como se desprende de la causa en la que se le investiga por corrupción en los negocios y la administración, la pieza separada del fraude fiscal.
En este sentido, Puente ha tirado de ironía con dardo político: “Más vale que archiven lo del novio. Si no, va a acabar imputada media España”, ha augurado, en un claro guiño así a la doble vara de medir con especial foco en la lideresa madrileña.
Más vale que archiven lo del novio. Si no, va acabar imputada media España. https://t.co/m1ND7J5pbu
— Óscar Puente (@oscar_puente_) June 19, 2026
La nueva pieza del ‘caso Begoña’ y el error del juez Peinado
El magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla ha abierto este viernes una nueva línea de investigación por presunto delito de prevaricación y fraude de los intereses de la Unión Europea por supuestas irregularidades en unos contratos de la compañía pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés y, según ha constatado en una providencia, ha dado orden de abrir una pieza separada pidiendo a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.
Posteriormente, el propio juez ha rectificado para excluir de esta parte a la esposa de Pedro Sánchez. El contrato sobre el que se pone la lupa se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde Begoña Gómez declaró hace unos meses atrás como testigo.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional le dio la razón a Barrabés señalando que aquel contrato debía de examinarse en el juzgado para que sea esta instancia la que valore si lo investiga y que el procedimiento no corresponda a la Fiscalía Europea. Motivo por el cual, el juez Peinado comunicaba esta mañana del viernes la apertura de esta pieza judicial separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea “para la investigación de los hechos”, instando a la Fiscalía Provincial de Madrid a pronunciarse sobre si pueden ser o no delictivos.
Las cifras que rodean a González Amador
En lo que concierne a la alusión del titular de Transportes a la causa judicial que se cierne sobre el empresario y pareja de Díaz Ayuso, hay dos variantes a tener en cuenta. Por un lado, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar sus cuentas bancarias que pone el foco en 17 cuentas bancarias a su nombre, además del rastreo de sus sociedades Maxwell Cremona, Masterman & Whitaker y Massias Kuhne S.L. Por otro, el informe de la Agencia Tributaria en el que consta que facturó 4,4 millones de euros por negocios con Quirón Prevención.
Esta segunda pieza de investigación se abrió en octubre de 2024 para determinar si González Amador utilizó sus sociedades de manera instrumental para trasladar ficticiamente parte de los ingresos generados por Maxwell Cremona en sus servicios en el ámbito sanitario privado y ocultarlos o desviarlos, de lo que partiría el fraude oficial investigado en la primera y principal causa judicial.
El novio de Ayuso facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de Masterman y Maxwell Cremona, según el informe de Hacienda. Es en ese dinero en el que se centran las pesquisas de la UCO. En aquellos años, el empresario ya era pareja de la presidenta madrileña, y el gigante sanitario ya era una de las empresas más beneficiadas por el Gobierno regional.
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