Un total de 115 kilómetros de peajes está a punto de caer. Se trata, concretamente, de tres autovías que conecta Madrid con Segovia y Ávila y conforman la AP-6, que arranca en el madrileño municipio de Collado Villalba y haya su fin al cruzar los túneles de Guadarrama, en la provincia abulense de Adanero. La AP-51 de Segovia, al igual que en la anteriormente citada, enlaza Villacastín con la Ávila. Por último, también engrosa esta cartera la AP-61, que cube las localidades segovianas de San Rafael hasta las puertas de Segovia.
A pesar de que aún prima el contrato suscrito con Abertis en régimen privado hasta el 19 de noviembre de 2029, a través de la empresa concesionaria Castellana, el Ministerio de Transportes ha iniciado la tramitación para levantar las barreras a la vuelta de estos cinco años. Así, la cartera que dirige Óscar Puente, entiende que estos tres puntos comportan tres infraestructuras estratégica para el tráfico pesado o incluso también para el ligero.
Es el Ministerio de Transportes el encargado de tomar las riendas de un proyecto de esta índole, por lo que es el departamento de Óscar Puente el encargado de definir las actuaciones pertinentes para el reacondicionamiento o adaptación de tales autopistas a otras carreteras y a otras carreteras de su entorno. Son conscientes de que soportarán un mayor tráfico cuando el Ejecutivo concluya los trámites para reconvertir en públicas estas vías, lo que provocará un cambio de tarifa sustancial. Por el momento, se toman el proyecto con relativa calma y se centran en escudriñar a fondo qué enlaces deberán ser remodelados y dónde deben abrirse nuevos accesos o ver cómo amplían las estaciones de servicio o, en su defecto, comprobar que son necesarias construir nuevos aparcamientos con vistas al invierno.
Pero lo cierto es que Transportes espera que las tres vías pasen a titularidad pública, aunque la culminación del proyecto podría acometerse con otro gobierno en el poder. De cristalizar el escenario previsto por la cartera del ramo, los tres puntos que ahora maneja Abertis se agregarían a una lista de autopistas que han quedado sin peajes desde el año 2018. Una fecha en la que expiraron paulatinamente los contratos de concesión. Entre esta carpeta de autopistas figuran otras como la AP-4 de Sevilla a Cádiz, la AP-7 entre Alicante, Valencia y Tarragona o la misma autovía pero en su tramo de Tarragona a Barcelona. La única excepción es la AP-1, cuya concesión pasó a manos de Itínere. El resto, sin embargo, pertenecían a Abertis, que ha reducido su influencia en el país después de años como principal operadora.
1.000 kilómetros reducidos
Cabe precisar que en el año 2017, la red de carreteras de pago se elevaba a los 3.000 kilómetros. Una cifra que ha adelgazado unos 1.000 kilómetros desde la llegada del Ejecutivo de coalición. Antes de todas estas revisiones, un 20% de la red de alta capacidad contrasta con el 79% de Francia o el 85% de Portugal, Grecia y Croacia. Todos ellos datos de sus autopistas de alta capacidad.
Ahora, se ha reducido a 12 el número de autopistas de gestión privada, además de otras nueve que opera la sociedad pública Seitt y que, a su vez, proceden de concesionarias rescatadas durante los primeros años de la crisis de 2008. La estrategia de levantar el peaje tras la conclusión de los contratos de concesión se orienta hacia la homogeneización de la situación del país, en el que algunas provincias o autonomías han estado bajo el modelo de pago durante décadas. En cambio, el coste de construcción y conservación de otras autopistas se ha cubierto con el paraguas de los Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes prevé que las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 atraigan tráfico de otras carreteras que, al estar libres de peaje, suelen estar más saturadas, como las N-6, N-603 y N-110. Para ello, se estudiará la posibilidad de añadir carriles adicionales, implementar medidas acústicas y mejorar los sistemas de transporte inteligente, a fin de coordinar la gestión de estas autopistas con sus variantes gratuitas. Estas tres autopistas, gestionadas por la concesionaria Castellana, soportaron en 2023 una intensidad media de 17.738 vehículos diarios, lo que supone un aumento del 4% respecto al tráfico de 2022.