Almaraz ha provocado una nueva brecha entre los socios de la coalición. Al menos así lo ha verbalizado Sumar este viernes, que considera que prolongar el funcionamiento de la planta extremeña hasta 2030 incumple el acuerdo de gobierno firmado en 2023. En cambio, desde el ala socialista atemperan el choque abierto por los magentas y descartan que la decisión pueda poner en riesgo la continuidad del Ejecutivo progresista. Voces del PSOE en Moncloa quitan hierro a la discrepancia interna y reivindican que el compromiso fundamental recogido en el pacto entre las fuerzas sigue vigente.

Según estas fuentes, recogidas por Europa Press, los socialistas esgrimen que el cierre completo del parque nuclear español se mantendrá en la fecha prevista; es decir, antes de que termine el año 2035. Es decir que para ellos no ha cambiado nada. A su modo de ver, la decisión adoptada con Almaraz supone una modificación puntual de las primeras fechas del calendario, pero no altera el horizonte final del plan.

La sangre llegó al río este viernes, después de que el Boletín Oficial del Estado publicase la orden del Ministerio de Transición Ecológica que permite a los dos reactores de Almaraz continuar operativos hasta el 8 de junio de 2030. La Unidad I tenía previsto el cese de su actividad el 1 de noviembre de 2027, mientras que la II, se detendría el 31 de octubre de 2028. La nueva autorización, sin embargo, retrasa ambos cierres, pero sin modificar las fechas previstas para el resto de centrales nucleares del país. Al menos, por el momento.

Incumplimiento del acuerdo

Sumar ha hecho su propia lectura en la mañana de este viernes. Poco después de la publicación en el BOE, el socio minoritario del Ejecutivo puso el grito en el cielo y acusó a los socialistas de contravenir el acuerdo de coalición de 2023, que contemplaba un cierre de las centrales nucleares “planificado, seguro, ordenado y justo socialmente”, además de establecer un cese escalonado de sus operaciones entre 2027 y 2035.

Para los magentas, el primer año de esa horquilla forma parte del compromiso político y no puede desvincularse de la fecha final. La formación estima, por tanto, que mantener abierta la central de Almaraz cuando estaba previsto iniciar allí el apagado nuclear supone una modificación tácita de la hoja de ruta pactada a comienzos de la legislatura.

Así lo ha hecho saber el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien calificaba la decisión como un “incumplimiento del acuerdo de gobierno” entre sendas formaciones. Desde el Grupo Confederal se ha elevado más el tono y atribuyen la continuidad de la central a “presiones corporativas”, en lugar de necesidades técnicas, medioambientales o relacionadas con la competitividad. Los magentas consideran que el Gobierno traspasa la frontera de las posiciones defendidas por Partido Popular y Vox, partidarios de prolongar la vida del parque nuclear.

Moncloa atempera la situación

El sector socialista no tardó en aplacar el enfado del socio minoritario. A su modo de ver, la decisión no trastoca ninguna hoja de ruta, por lo que no se ha roto ningún pacto. Su argumento se fundamenta en que 2035 sigue siendo la fecha límite prevista para el cierre de todas las centrales, además de percutir en que la autorización concedida este viernes afecta únicamente a Almaraz.

El socio mayoritario expone que Sumar conocía con anterioridad que el Gobierno anunciaría la prórroga, por lo que niega la existencia de una crisis interna capaz de comprometer la continuidad de la coalición. En Moncloa asumen que el choque no reviste de gravedad y enmarcan las diferencias en las discrepancias que puedan producirse entre dos fuerzas distintas dentro de un Ejecutivo de coalición. La decisión no implica, por tanto, una vuelta de tuerca a la agenda nuclear, habida cuenta de que  - arguyen – no habrá cambios adicionales en el calendario y reafirman su apuesta por incrementar el peso de las energías renovables.

El argumento utilizado para justificar la excepción de Almaraz es la “situación energética internacional excepcional y sobrevenida”, marcada por la guerra en Oriente Próximo y la continuidad del conflicto en Ucrania. La orden publicada en el BOE señala que la extensión tiene un impacto limitado sobre los objetivos energéticos españoles. El Consejo de Seguridad Nuclear había informado favorablemente sobre la posibilidad de que la instalación siguiese funcionando hasta 2030, siempre que cumpla las condiciones de seguridad y protección radiológica establecidas por el organismo.

Una diferencia sobre qué significa el pacto

El conflicto entre PSOE y Sumar gira así sobre la interpretación de una misma frase. El acuerdo de 2023 no se limita a fijar 2035 como fecha final, sino que habla expresamente de escalonar el cierre "entre 2027 y 2035". Sumar entiende que desplazar el primer cierre fuera de 2027 altera lo pactado. El PSOE pone el acento en que la clausura del conjunto del parque continúa prevista dentro del mismo horizonte y presenta Almaraz como una excepción vinculada a las actuales circunstancias energéticas.

La prórroga satisface parcialmente una reclamación que las compañías propietarias de Almaraz venían planteando desde el pasado otoño. El PP también llevaba meses reclamando que el Gobierno revisase el calendario nuclear y ha celebrado la continuidad de la instalación, aunque considera insuficiente prolongarla únicamente hasta 2030.

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