El escándalo del Hospital de Torrejón llegará a Bruselas. El Partido Socialista busca redoblar la presión sobre el Partido Popular y, en este caso, Isabel Díaz Ayuso, por el historial privatizador tras salir a la luz el polémico audio en el que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, instaba a rechazar pacientes o prácticas que no eran rentables. Una controversia que ha puesto en el disparadero – de nuevo – a los conservadores y ha aireado una larga lista de colaboración con las siglas de Génova; por lo que eurodiputados socialistas urgirán a la Comisión Europea a que se pronuncie sobre lo sucedido en este asunto concreto al entender que violenta la normativa sanitaria comunitaria.
A través de una publicación difundida en la red social X – antes Twitter – los europarlamentarios socialistas exponen que “el rechazo de pacientes no rentables del Hospital de Torrejón es vergonzoso”. Las informaciones que cercan a la Comunidad de Madrid y a Ribera Salud llegarán al Parlamento Europeo. Al menos así lo esperan los socialistas, quienes adelantan que pedirán a la Unión Europea que se pronuncie sobre este tipo de prácticas en busca de un correctivo para el Partido Popular.
Este mismo miércoles, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid escenificó una considerable lavada de manos al asegurar que no ha detectado ningún tipo de “incumplimiento” por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz. Pese a no existir – según su primer examen preliminar – adulteración alguna de sus “obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público”, sí precisaron que adoptarán “todas las actuaciones y controles” que puedan corresponder.
En cualquier caso, el asunto ya está en manos de la Fiscalía de Madrid para que inicie sus pesquisas sobre estas presuntas irregularidades en la gestión del hospital madrileño, así como una posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid. Un abogado madrileño puso la primera piedra para ello, a través de una denuncia que se fundamenta sobre la existencia de grabaciones internas en las que “un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínicas a criterios económicos” .
Conexión con la derecha
Más allá de la Comunidad de Madrid, el escándalo ha salpicado al Partido Popular en prácticamente todas sus vertientes, llegando incluso a expandir sus redes a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, pero también al ex ministro de Hacienda – investigado por el escándalo de su bufete -, Cristóbal Montoro. Mantuvo un estrecho vínculo con el grupo sanitario, según informaba Malas Lenguas, al contribuir en buena parte al beneficio económico del despacho fundado por el exdirigente popular, Equipo Económico. De hecho, según un informe de la Agencia Tributaria, pagó 212.400 euros a la empresa entre los años 2008 y 2019.
Una operativa que se encuadra en un modelo en el que la administración le adjudica a una empresa la construcción y gestión del centro sanitario a cambio de recibir una compensación económica anual por tales servicios. El Hospital La Ribera de Alzira, en Valencia, fue el primero de los centros que comenzaron a funcionar con este modelo.
En paralelo, trascendió también que las redes de Ribera Salud llegan hasta la Xunta de Galicia, en tiempos de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, fue en los compases finales del reinado del actual líder de la oposición, antes de dar el salto a Madrid. El grupo experimentó un sólido crecimiento entre los años 2019 y 2021, con los tres hospitales de los que hoy dispone en territorio gallego. Se tratan del Juan Cardona (Ferrol), el Polusa (Lugo) y el Polvisa (Vigo). Tres complejos hospitalarios de considerable tamaño y elevada capacidad de atención a pacientes, a los que se suman asimismo diez clínicas desplegadas en toda la región.
Entre 2020 y 2021 – en plena pandemia – Ribera Salud se hizo con el control del Cardona y del Polusa; mientras que el Polvisa – hospital de referencia para unas 100.000 personas – lo adquirió un año antes de que se desatara la crisis del coronavirus. De hecho, este último cuenta con una importante relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ya que, a través de conciertos, recibe una importante financiación de la institución pública. Aunque el hospital ya estaba en manos de empresas privadas desde tiempos de Fraga, hasta que se vendió a la entidad que hoy está en el foco mediático.
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