Tras la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil este miércoles en Ferraz y las presuntas conductas delictivas que se podrían desprender del auto del juez Santiago Pedraz, desde el PSOE han señalado con rotundidad que el partido “no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas” insinuadas por el magistrado.
“Ayer recibimos un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de la UCO en la sede del Partido Socialista en Ferraz, 70. Dicha solicitud fue atendida con plena colaboración por parte del Partido Socialista, y concluyó a las 00:30 de la madrugada”, han indicado fuentes socialistas.
Del mismo modo, han insistido en que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que el PSOE “es el primer interesado en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso”: “Una vez se levante dicho secreto y analicemos en profundidad todos los detalles, daremos todas las explicaciones pertinentes. Con la transparencia que caracteriza a esta organización”.
También han recalcado que el PSOE ya venía colaborando con la justicia sobre hechos coincidentes con el caso en el que se investiga a Leire Díez y está siendo investigado desde hace más de un año en el Juzgado de instrucción número 9 de Madrid. “La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto, han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento, donde además, el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento”, han insistido.
No obstante, han mostrado su sorpresa ante que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos, aunque insisten en que el PSOE “ha colaborado y laborará con cuanta información y documentación se le requiera”. “Respeto absoluto a la justicia y máxima colaboración. El Partido Socialista tiene compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado”, han zanjado.
El auto del juez Pedraz
El auto del magistrado de instrucción de la Audiencia Nacional acusa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de crear una organización, con la ‘fontanera’ Leire Díez, Vicente Cecilio Fernández y Joseba Antxón Alonso, para “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno”.
Según Pedraz, el plan de Cerdán “habría incluido, según se constata en las diligencias, el ofrecimiento a funcionarios de la guardia civil, investigados, y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos. Se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores (son los casos de los magistrados Ilmas. Sras. Biedma, Alaya o Peinado)”.
El magistrado afirma que Santos Cerdán habría acordado remunerar a la fontanera por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido, Gaspar Zarrías prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica e Ismael Oliver, letrado de parte de los implicados, sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades. Por otro lado, Jacobi Teijelo, letrado de Santos Cerdán, -una vez fue imputado y abandonada su responsabilidad en el partido- y de Sánchez Yepes; quien también factura sus servicios al PSOE y Javier Pérez Dolset.
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