El PSOE ha presentado este viernes una Proposición de Ley Orgánica con la que pretender poner fin al lawfare con el que la derecha política y mediática persigue a "artistas, activistas, periodistas, adversarios políticos" y todo aquel ubicado en la izquierda que no comparta sus planteamientos. La norma, “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, se basa en cuatro ejes: reforma de la acusación particular, prohibición de querellas basadas en recortes de prensa, eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosos y recusación de jueces condicionados.
“El objetivo es proteger los derechos y garantizar las libertades ciudadanas. Para ello pretendemos impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quien no comulga con sus planteamientos”, ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, después de registrar la Proposición en el Congreso de los Diputados. Lalachus, el Gran Wyoming o Dani Mateo han sido algunos de los ejemplos deslizados durante la comparecencia, aunque el nexo con el caso de Begoña Gómez también es evidente.
“Estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, creadores, científicos, periodistas y adversarios políticos por parte de sectores de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos”, ha defendido López la reforma. “La última víctima ha sido la presentadora Lalachus, pero en los últimos meses la lista de personas no ha hecho más que aumentar”, ha proseguido, denunciando que “estos ultras vulneran nuestros derechos fundamentales y ante la gravedad de estos hechos hemos decidido actuar con una ley que busca impedir los mecanismos de este acoso”.
Hazte Oír, Abogados Cristianos y Vox, señalados
El portavoz de los socialistas en la Cámara Baja ha detallado los componentes de la norma, basada en cuatro ejes. El primero de ellos, la reforma de la acusación particular, es al que más tiempo y detalles ha dedicado. Este punto pretende delimitar la participación de esta figura a las fase de juicio oral y a la formulación de la propia querella. “Para nosotros, la instrucción es una fase que debe estar protagonizada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito”, ha explicado.
Los socialistas buscan así acabar con las filtraciones “interesadas y constantes” de las diligencias por parte de esas acusaciones, “que tienen objetivos políticos”. Asimismo, también quieren poner fin a los” intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas con el único fin de dar un perfil mediático a un caso judicial”. Por todo ello, la ley plantea exigir la existencia de “un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público” para personarse, lo que deberá comprobar el juez, y la prohibición de ejercer esta figura a “partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos”.
El segundo de los puntos es el que mayor referencia hace al caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su juez instructor, Juan Carlos Peinado. Para ello, la propuesta de los del puño y la rosa es que “se inadmitan las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa”, lo que significa, básicamente, “incluir en la ley lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo” y que, en la práctica, se saltan a la ligera determinados juzgados.
El tercero de los puntos es la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, un sinsentido jurídico de base y utilizado por organizaciones extremistas y con mucho capital para perseguir a ciudadanos y alargar procesos judiciales con la única intención de desgastar a sus víctimas. Este delito, como ha explicado López en rueda de prensa desde el Congreso, “no registra apenas condenas, pero sin embargo es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y cargos electos”.
No obstante, la condena es lo de menos, dado que la pretensión de los Hazte Oír, Abogados Cristianos y otros grupúsculos vinculados con Vox es únicamente “hacerlos pasar por procesos judiciales muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal”. El último de los ejes mencionados pone el foco en los jueces, responsables últimos de la admisión de querellas y del alargamiento durante años de procesos vacíos que dañan a los implicados, como quedó constatado con la persecución sin fundamento que sufrió Podemos durante años.
Este apartado de la ley quiere posibilitar “la abstención o recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político”, ha presentado el portavoz socialista. López ha considerado que “todos estos mecanismos” utilizados por organizaciones, asociaciones, fundaciones y partidos ultras “tienen un denominador común que es la judicialización de la política”. Así, impidiendo que jueces que se han pronunciado públicamente, a favor o en contra, sobre una persona, partido, empresa, organización, etc. no puedan luego participar en procesos que incumban a esos mismos afectados, los socialistas buscan impedir “una politización de la justicia”.