PP y Vox pactan el racismo para Extremadura y anticipan una persecución de migrantes si llegan a la Moncloa

El Partido Popular (PP) ha certificado su suma a la corriente de extrema derecha occidental. Los otrora conservadores ya habían virado a tesis ultras en el ámbito discursivo y, este jueves, han plasmado negro sobre blanco, en el acuerdo suscrito con Vox para que María Guardiola siga sentada en el sillón presidencial de Extremadura, su anexión formal. Los migrantes pasan a ser enemigos públicos del Gobierno extremeño y serán ajusticiados a nivel nacional si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa de la mano de Santiago Abascal.

PP y Vox han acordado que las personas que se encuentren en situación irregular en la región no puedan acceder a los servicios públicos salvo supuestos de “urgencia vital”. Los migrante podrán disfrutar “prestaciones y servicios sociales estructurales” únicamente si se están muriendo. Tampoco tendrán la posibilidad de beneficiarse de los recursos públicos en igualdad de condiciones, ni siquiera los residentes extranjeros legales, dado que pasará a imperar el “principio de prioridad nacional” para “todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”. Actuaciones que, aparte de racistas, son ilegales, pues contravienen el artículo 14 de la ley de Extranjería.

“Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españole”, recoge la ley. En consecuencia, priorizar a los nacionales contraviene una ley orgánica, además de la normativa europea. Es decir, anuncian que van a incurrir en prácticas ilegales y a saltarse el reparto competencial desde un Ejecutivo autonómico, dado que la materia migratoria corresponde única y exclusivamente al Gobierno nacional. Esto podría suponer duros castigos en los tribunales para quienes acometan oficialmente, rubricando papeles oficiales, esta discriminación.

Sin embargo, a la alianza ultraderechista parece no importarle la ley. Tanto es así que, además, adelantan que este racismo institucional y el desprecio de las personas migrantes ya residentes en el país, a las que se recortan derechos y se relega a la categoría de ciudadanos de segunda, se terminará de ejecutar si llegan a la Moncloa, con la “modificación de la Ley Orgánica 4/2000 (de Extranjería)”, a la que “instan” desde Extremadura. Un sistema de apartheid para que determinadas personas, por su nacionalidad, no puedan acceder a servicios públicos.

Prioridad naciona, racismo ilegal

Este desprecio a los migrantes ocupa mucho más espacio en el acuerdo. Ambas formaciones también han pactado “devolver a los menores no acompaños”, a los que se refieren en el propio texto y de forma despectiva como “menas”, a sus países de origen y se han comprometido a incumplir, también en este aspecto, la ley orgánica de carácter nacional. Un Ejecutivo regional no puede rechazar el parto de menores migrantes, de lo que también son conscientes los firmantes, pero aun así lo hacen constar.

“La Junta de Extremadura rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, recoge el documento. Todo ello, como vienen realizando PP y Vox, fundamentado en la relación entre migración y delincuencia. Alteran la “convivencia y el orden público”, generan “inseguridad” y perturban “la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles”, desprecian a los menores

La “prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos” y la “supresión de la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí” también aparecen recogidas. La lista de políticas racistas es interminable, pero el problema que van a encontrarse ambos partidos de extrema derecha es la incapacidad de desplegar lo pactado, por eso esconden a lo largo del texto fórmulas para lavarse las manos ante sus votantes cuando incumplan sus promesas.

Se va a establecer el principio de prioridad nacional ilegal, prometen, pero “adecuado a la legalidad vigente”, apostillan. Se atenderá ilegalmente a “la trayectoria de cotización y actividad laboral” y a la “vinculación real y duradera” para repartir vivienda protegida, aseguran, “con sujeción a la legalidad”, matizan. PP y Vox son conscientes de que contraviene la ley nacional aplicar las políticas racistas que han pactado para Extremadura, y sus líderes, valientes discursivso y cobardes en la acción, dudarán de hacerlo por las implicaciones judiciales. No obstante, advierten de lo que vendrá si algún día llegan a Moncloa y pueden reformar la normativa.