Jornada ajetreada en las Cortes Generales. Ambas Cámaras vivirán este miércoles un día convulso; bien por el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras el caso Leire y la manifestación frustrada del domingo, bien por la modificación que ejecutará la mayoría absoluta del PP en el Senado sobre la Ley que regula el derecho de asociación. El articulado, impulsado por el PSOE en el Congreso de los Diputados y que se concibió para abrir la puerta a disolver asociaciones que hagan apología del franquismo, se topará con la barrera legislativa de los conservadores, que suprimirá gran parte de la normativa y redirigirán su radio de acción a penalizar el enaltecimiento del terrorismo de ETA.
El Partido Popular ha vuelto a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para introducir modificaciones clave en la reforma de la Ley de Asociaciones que suprimen, de facto, el mecanismo previsto para disolver entidades que hagan apología del franquismo. Lo ha hecho a través de enmiendas que ya han sido incorporadas a la ponencia del texto y que eliminan el artículo central que contemplaba la disolución de asociaciones franquistas, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.
En su lugar, los populares han centrado el foco en perseguir exclusivamente aquellas asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a sus víctimas, en una línea ya defendida previamente durante la tramitación del texto en el Congreso de los Diputados. La estrategia del PP modifica sustancialmente el espíritu de la proposición de ley y contraviene el mandato de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que exige una adaptación de la legislación de asociaciones para evitar la perpetuación del ideario franquista bajo nuevas formas organizativas.
Tensiones jurídicas
Este miércoles el Pleno del Senado someterá a votación la propuesta con las enmiendas introducidas. En caso de ser aprobada, volverá al Congreso, que tendrá la última palabra sobre si las modificaciones impulsadas por el PP salen adelante o no. La maniobra ha generado tensiones jurídicas. Los letrados del Senado ya advirtieron en un informe interno del posible carácter inconstitucional de la reforma, aunque la Mesa de la Cámara Alta decidió seguir adelante con su tramitación para no incurrir en un supuesto de prevaricación.
Cabe recordar que esta reforma legislativa fue impulsada por el PSOE como complemento a la acción del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun (Sumar), que en paralelo inició el proceso para disolver fundaciones como la Francisco Franco. No obstante, al tratarse de entidades con naturaleza jurídica distinta, el Gobierno temía que éstas se transformasen en asociaciones para esquivar su desaparición. Por ello, el grupo socialista propuso reformar también la Ley de Asociaciones, cerrando así esa puerta.
El texto original aprobado por el Congreso contemplaba añadir a la ley vigente una disposición adicional que permitiera disolver aquellas asociaciones que hicieran apología del franquismo, ya fuera ensalzando el golpe militar de 1936, la dictadura franquista o a sus dirigentes, siempre que ello implicara humillación o desprecio hacia las víctimas o incitara directa o indirectamente al odio o la violencia contra ellas.
Además, se especificaba que esta causa de disolución se aplicaría independientemente de los fines recogidos en los estatutos de la asociación o de su inscripción en el registro, ya que esta última tiene un carácter meramente publicitario.
Con esta maniobra en el Senado, el PP no solo borra de un plumazo esa disposición clave, sino que también reinterpreta el espíritu de la Ley de Memoria Democrática, introduciendo un filtro ideológico que protege expresamente a las asociaciones franquistas mientras señala únicamente a aquellas vinculadas al terrorismo.