El Partido Popular quiere fiscalizar el gasto público asociado al eclipse total del pasado 12 de agosto. Siguiendo su estrategia habitual, los conservadores llevarán al Congreso de los Diputados el asunto para conocer cuánto costó el dispositivo organizado por el Gobierno, abriendo un nuevo frente contra Moncloa que, a su vez, golpea de lleno contra las administraciones de su mismo signo. Y es que diversos ejecutivos gobernados por los populares también reservaron partidas específicas para aprovechar, promocionar o facilitar la observación de un fenómeno histórico.

De partida, huelga clarificar que no todos los desembolsos son comparables entre sí ni tan siquiera pueden equipararse con un operativo de carácter estatal. Un contrato audiovisual municipal, una campaña turística o la compra de las gafas homologadas para ver el eclipse con total protección responden a necesidades distintas. Los ejemplos recogidos, sin embargo, esbozan que los gobiernos del Partido Popular también consideraron el fenómeno como un acontecimiento lo suficientemente relevante como para dedicarle recursos públicos.

Uno de los casos más sintomáticos está en Teruel. El Ayuntamiento que dirige la popular Emma Buj incluyó en sus presupuestos para 2026 una partida de 100.000 euros para actividades vinculadas al eclipse en el marco de una programación que combinó divulgación científica con promoción turística. La Diputación de Valladolid, bajo dominio de Conrado Íscar, reservó otros 20.000 euros mediante un convenio con la Universidad de Valladolid destinado expresamente a la promoción del eclipse.

Casi 100.000 euros en Castellón

También existen contratos concretos de mayor cuantía y ese es el caso del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, gobernado por el PP. Adjudicó por 96.288,70 euros, IVA incluido, las infraestructuras técnicas necesarias para la celebración y retransmisión de Eclipse Castellón 2026. La cantidad corresponde exclusivamente a ese contrato y no permite determinar cuál fue el gasto total del Consistorio relacionado con el fenómeno.

En Burgos, el Gobierno municipal destinó 90.000 euros a una programación específica que incluyó talleres, charlas y actividades de observación. A ello se suma la Diputación de Soria, también gobernada por los populares, que adjudicó por 100.000 euros el suministro de 123.456 gafas homologadas para repartir entre los municipios de la provincia.

Solo esas partidas documentadas superan los 400.000 euros, aunque sumar las cantidades sirve únicamente para mostrar la dimensión de la inversión territorial: los conceptos financiados son distintos y cada administración respondió a necesidades diferentes.

Promoción turística, ciencia y seguridad

Otros gobiernos populares también organizaron dispositivos especiales sin que exista, al menos en la documentación disponible, una cifra individualizada que permita incorporarlos a ese cálculo. El Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido por Natalia Chueca, incluyó el eclipse entre los acontecimientos relevantes de su programación cultural y turística de 2026, con actividades científicas, culturales y de promoción de la ciudad.

Ese planteamiento se parece al utilizado por el Gobierno central durante los meses previos al fenómeno del 12 de agosto. Moncloa presentó el eclipse como un acontecimiento que exigía una planificación extraordinaria en seguridad, movilidad, emergencias y divulgación científica, pero también como una oportunidad turística y económica. El Ejecutivo promovió además, junto con la ONCE, el reparto gratuito de dos millones de gafas homologadas para facilitar una observación segura.

Antes del fenómeno, un estudio presentado por el Gobierno estimó que el eclipse podría aportar 347,6 millones de euros netos a la economía española y atraer unos 446.700 visitantes adicionales durante aquella semana. Se trataba de una previsión elaborada antes del acontecimiento y, por tanto, no de una evaluación definitiva del retorno generado.

Un arma de doble filo

Que administraciones del PP destinaran dinero al eclipse no impide al partido fiscalizar el gasto realizado por el Estado. Las competencias y dimensiones de los dispositivos son diferentes y la oposición tiene margen para reclamar información sobre contratos, cuantías y procedimientos.

La dimensión política aparece cuando se compara esa ofensiva con las decisiones adoptadas por los propios gobiernos populares. Teruel presupuestó actividades, Valladolid financió promoción, Castellón pagó infraestructura para la retransmisión, Burgos organizó su propia programación y Soria invirtió en material de protección. En todos esos casos, el eclipse fue tratado como una oportunidad turística, cultural, científica o de seguridad que justificaba el uso de dinero público.

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