Una semana después de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes a Ceuta, la respuesta política se centra en aliviar la crisis migratoria. Según el Gobierno, unas 2.000 personas siguen en las calles de la ciudad autónoma, una cifra que su presidente, Juan Jesús Vivas, sitúa entre las 3.000 y las 5.000. El líder del Partido Popular ceutí apeló este jueves a la “solidaridad” del resto de las comunidades autónomas para poder llevar al cabo el reparto de los menores no acompañados que saturan sus centros de acogida, al cual “no renunciará” a pesar de las reticencias de sus compañeros de partido, y el rechazo de Vox.
La situación es crítica. Según Vivas, hay unos 1.100 menores en los centros de Ceuta, cuando la capacidad ordinaria de acogida de la ciudad es de 27, es decir, 40 veces menos. Esto obliga a activar el mecanismo para derivarlos a otras comunidades autónomas, que desde el año pasado está regulado por ley. El Gobierno se prepara para iniciar ya los primeros trámites, de cara a que el proceso comience en las próximas semanas o meses.
El PP amenazaba con incumplir la ley y oponerse desde las comunidades autónomas que gobiernan –la gran mayoría- a este reparto de niños y adolescentes no acompañados que saturan los centros de Ceuta, pero también los de Melilla y Canarias. El problema es que los de Alberto Núñez Feijóo se enfrentaban a un dilema entre cumplir la ley, que obliga a las regiones no saturadas a aceptar acoger en sus centros a los menores procedentes de aquellas que superen por tres su capacidad ordinaria, y cumplir lo pactado con Vox en cuatro comunidades autónomas, que pasa precisamente por oponerse a este reparto.
La amenaza de dar pelea no ha durado mucho en el caso de Génova. Este jueves, su vicesecretario Elías Bendodo despejaba las dudas: “El PP siempre cumple la ley”. Finalmente, parece que la ultraderecha no podrá aplicar su “prioridad nacional”, pero siguen agitando el avispero. Aunque dice que “van a cumplir la ley”, el diputado de Vox José María Figaredo asegura que los gobiernos autonómicos en los que están en coalición con el PP se van a oponer al reparto, y también que los que entraron en Ceuta hace una semana deben ser “cazados” y “pescados”.
¿Qué dice la ley?
En abril de 2025, el Congreso de los Diputados convalidó la regulación por ley del reparto de menores migrantes no acompañados, que modificaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería para hacerlo obligatorio y solidario. Desde entonces, las comunidades autónomas no pueden rechazar la asignación que se haga, una vez que una de ellas se declare en “contingencia migratoria extraordinaria”. Esta situación se da cuando el número de menores migrantes que acoge supera, al menos por tres, su capacidad ordinaria de acogida. En ese caso, se fija un reparto al resto de autonomías, según la situación que haya en ellas, y se fija un plazo de quince días. En agosto de ese mismo año, se aprobó por Real Decreto cuál es la capacidad ordinaria de cada territorio.
En el caso de Ceuta, aunque también en el de Canarias y Melilla, ya se encontraban muy por encima del umbral de la contingencia migratoria extraordinaria antes de que se diera esta crisis migratoria, ya que son los tres puntos de España en continente africano, de donde proceden la mayoría de los migrantes. Este es el motivo por el que, en el último año, más de 1.750 menores extranjeros han sido trasladados a centros en la Península, lo cual ha ayudado a aliviar parcialmente su situación
El problema es que, en solo unas horas, unas 72.000 personas cruzaron a nado a una ciudad cuya población está en torno a los 80.000, y varios millares siguen desamparados por sus calles. Esto ha hecho aumentar exponencialmente la presión sobre Ceuta, que ve superada su capacidad ordinaria de acogida en un 4.000%.
El PP cede y no aplicará la “prioridad nacional” pactada con Vox
Cuando se aprobaron los criterios para los repartos, y la protección del interés superior del menor pasó a ser ley en el caso de los extranjeros no acompañados, lo peor estaba en Canarias, que vivió aquel verano una agudísima crisis migratoria en la que cientos de personas murieron ahogadas tratando de llegar a España. Entonces, el PP y Vox votaron en contra del Real Decreto-ley. Los de Feijóo gobiernan la mayoría de las comunidades autónomas, y en el archipiélago forman parte del Gobierno que preside la Coalición Canaria de Fernando Clavijo.
A los populares les ganó el discurso de una ultraderecha que se salió de los gobiernos autonómicos en coalición, precisemante, por este asunto. Los de Santiago Abascal no desaprovecharon la oportunidad de poner este rechazo por escrito cuando se volvieron a abrir las urnas. La polémica “prioridad nacional”, la doctrina que discrimina a los migrantes en el acceso a servicios públicos, se incluyó este año en los pactos de Gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
Entre lo acordado por las derechas allí está, precisamente, el negarse a cumplir la ley que obliga a aceptar a los menores migrantes procedentes de regiones saturadas. La ultraderecha dio así un camino a su discurso racista, pero en el caso del PP, este compromiso supone dejar en la estacada a dos de sus barones. De ahí que uno de ellos, Vivas, llamase a la “solidaridad” de sus compañeros de partido, como también hizo su homólogo en Melilla, la otra ciudad autónoma que sufre ese problema, aunque en menor medida. Su presidente, Juan José Imbroda, les pidió ser razonables: “Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no”, dijo a la Cadena SER. Melilla también vivió una pequeña parte de la crisis del pasado jueves, con unos 260 migrantes cruzando desde Marruecos.
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