Ni rastro de asunción de responsabilidad. El Confidencial publicaba este lunes que una modificación de la Ley Orgánica 7/2014, que permite, a la postre, rebajar las penas de cárcel a más de 40 presos de la banda terrorista ETA. Se trata de una transposición de la normativa europea relativa al Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS) que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmienda alguna por parte de la mayoría absoluta del PP en el Senado. Sin embargo, tras la publicación de la información, los conservadores han acusado a Moncloa de "adulterar" el proceso legislativo.
En la rueda de prensa habitual de los lunes en Génova, el portavoz orgánico de la fuerza conservadora, Borja Sémper, cargaba las tintas contra el Ejecutivo al ser interrogado sobre la modificación de la citada ley orgánica que, a la postre, hace hincapié en el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea (UE). Esto supone una de las reivindicaciónes históricas de Bildu para la liberalización de presos etarras. El Congreso lo aprobó recientemente por unanimidad en su sesión plenaria del pasado 18 de septiembre y es ahora cuando se espera su refrendo definitivo por el Senado, donde reside la mayoria popular y motivo por el que ahora se apunta a que decaiga.
"El proceso legislativo en España está adulterado, se someten a consideración del Pleno enmiendas, lo que hace que el proceso no sea claro ni transparente. Cuelan enmiendas que no tienen nada que ver con la ley. Es recurrente por parte del Gobierno. Nos preocupa mucho esta jugarreta del Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarras salgan a la calle. Es doloroso. Haremos todo para revertirlo, desde orden político a judicial, que a nadie le quepa duda", ha garantizado Sémper en rueda de prensa.
En los mismos términos, ha adelantado que el PP "votará en contra" en la Cámara Alta: "Algo tiene que ver que en el Congreso el proceso legislativo se ha enmarañado de tal forma que leyes no vayan encaminadas a lo que tienen que ir. Procuraremos que al Gobierno le pase factura", ha añadido. "El Gobierno falta a la verdad y en Europa no están contemplados las modificaciones. Este tema es serio, crítico y no quedará así", ha concluido al respecto.
Asimismo, fuentes de Génova han insistido en que toda esta problemática con la modificación de la ley que afecta a los presos de ETA se debe a un "cúmulo de circunstancias" debido a que "el proceso legislativo está viciado". De la misma, y argumentando que tal y como se ha planteado en el proceso parlamentario que ha tenido lugar en el Congreso, "no está en la directiva europea".
Sin enmiendas en el Senado
Sobre la reciente polvareda se ha pronunciado un Félix Bolaños que ha tachado la modificación de "pacífica" y "unánime", ante la reacción de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La AVT advertía este lunes que el cambio legal podría beneficiar hasta a 44 miembros de la banda terrorista ETA, quienes podrían descontarse la condena que ya han cumplido en Francia o incluso, otros siete podrían ser excarcelados en los próximos meses.
En este sentido, a la salida de la primera reunión institucional con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes defendió ante los medios de comunicación que se trataba de una iniciativa que "está en tramitación parlamentaria" en la que en absoluto tiene que ver el Gobierno central. De hecho, el titular del ramo ha precisado que el cambio legal corresponde a una modificación de la ley cuyo ámbito de actuación pasa por garantizar que se aplique "la directiva europea y la normativa en España":
A este respecto, el ministro incidía en que es una "tramitación absolutamente pacífica", incidiendo en que el se votó en el Congreso y contó con el apoyo de la totalidad de los grupos parlamentarios. "Por todos sin excepción, incluyendo PP y Vox", ha percutido el ministro de Presidencia, quien insitía que el trámite continuó en el Senado, donde tampoco "ha habido enmiendas a ese proyecto de ley". Un apunte con relativa solera, dado que es en la Cámara Alta donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. En cualquier caso, ha urgido a que se deje trabajar a las Cortes Generales con el fin de "aplicar una directiva europea" al ordenamiento jurídico español.
En este sentido, fuentes parlamentarias apuntan en la misma dirección, justificando que el proyecto de ley en cuestión no hace sino transponer y aplicar la normativa de la UE relativa al Sistema Europeo de Información sobre Antecedentes Penales (ECRIS). La tramitación, recuerdan estas voces, fue objeto de un acuerdo "muy amplio" y sin recibir enmienda alguna en el Senado, donde se someterá a pleno este próximo 8 de octubre.
El espíritu del proyecto pasa por "completar, actualizar y mejorar" la transposición de una Directiva Europea al ordenamiento jurídico español, así como mejorar la aplicación de una Decisión Marco comunitaria, reformada en estos momentos por cuestiones de seguridad jurídica.
En este sentido, las mismas voces subrayan que las cinco enmiendas de Sumar compartían tales propósitos en lo relativo a la consideración de condenas cumplidas en otros países miembros, pero no fueron objeto de crítica durante la tramitación y posteriores debates. Incluso esta fórmula reproduce de manera literal la que establecía el Proyecto de Ley que el Gobierno del PP remitió en su origen a las Cortes Generales, además del aval del Consejo de Estado.
El PP, ante la Ley de Seguridad Ciudadana y el problema de la vivienda
Desde el PP, con respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde el PP perciben estos cambios con "creciente preocupación" por la "deriva" del Ejecutivo de Sánchez porque está "asfixiando" a la ciudadania. En estos términos, Sémper ha reprochado que Sánchez "incumpla el mandato institucional de presentar los Presupuestos ante el Congreso. (...) Si hacemos un repaso, a cada uno de los socios independentistas se les ha dado lo que ha pedido. A Puigdemont, la amnistía; a ERC, el cupo independentista. Este último episodio a Bildu, anuncia las restricciones de la policía y guardia civil tendrán y tiene, y tendrá, vigencia mientras Pedro Sánchez continúe en Moncloa".
De esta manera, el PP garantiza que, cuando alcance el mandato nacional, "devolverá a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" sus respectivas responsabilidades: "Revertiremos el acuerdo".
A su vez, y devolviendo al epicentro de la cuestión la postura esgrimida por el presidente Alberto Núñez Feijóo y como hoja de ruta la inminente presentación del Plan Integral del Vivienda, Sémper ha ahondado en que la problemática concierne con aún más hincapié a los jóvenes: "No pueden esperar a diciembre a la Conferencia de Presidentes para hablar de este tema", ha señalado.
"Presentaremos medidas de carácter fiscal y que facilitará el acceso a una vivienda. No hay nada más reformista que ayudar a las familias y ayudar a quien lo necesita, nos centramos en las preocupaciones reales de los ciudadanos .