"Medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán." Es el título del Real Decreto 8/2026, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario después de que Sumar se lo rascara al PSOE en unas tensas negociaciones. El decreto anticrisis anunciado por Pedro Sánchez contemplaba diferentes medidas para atajar el precio del carburante, pero pasaba por alto la vivienda y las prórrogas a los contratos de alquiler, lo que hizo saltar las alarmas en las filas magentas, que rápidamente se movilizaron para negociar con los socialistas y llevar estas medidas, aunque fuera, en otro decreto. Y así fue. No obstante, se ha pospuesto su votación en sede parlamentaria, ya que el Ejecutivo, especialmente los ministros de Sumar, son conscientes de que no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. El PP y Junts ya han expresado abiertamente que se opondrán cuando toque votarlo, y de Vox cabe esperar lo mismo, dejando en situación de vulnerabilidad a los casi tres millones de personas que se verían beneficiadas de su entrada definitiva en vigor.
El decreto original, no obstante, sí pasará por el Hemiciclo este jueves, con previsible luz verde y mayoría parlamentaria para eliminar diferentes impuestos de los carburantes y otros productos para reducir su precio en el mercado. El de vivienda se dejará para más adelante, al considerar el Ejecutivo que no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante exitosamente. Una partición con la que el Gobierno, y especialmente Sumar, querían darse tiempo para negociar con los partidos reticentes a su aprobación, es decir, todos los de la derecha del arco parlamentario, y evitar que las citadas rebajas cayeran si se hubieran votado juntas. El sábado ya aseguraba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que votarán en contra del decreto de vivienda cuando se someta a examen parlamentario con unas declaraciones muy reveladoras: "El plan anticrisis del PSOE se resume en invito yo y pagas tú".
El PP, por su parte, mostró cierta complacencia con el decreto original aunque no reveló el sentido de su voto hacia el mismo, pero sí que escenificó su rechazo al de los alquileres a través de su secretario general, Miguel Tellado. De Vox se espera también la negativa, como de costumbre, aunque no se hayan pronunciado al respecto.
Prórroga de los alquileres y limitación de precios
En concreto, esto es lo que reza el decreto que la derecha y la extrema derecha se han planteado tumbar, y que ayudaría a 2,7 millones de personas a poder mantener sus contratos de alquiler a un precio similar y sin subidas:
Artículo 1. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
1. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2027, o finalice el periodo de prórroga tácita previsto en los artículos 10.1 y 10.2, se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. La solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o que se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, o que el arrendador haya comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3, la necesidad de ocupar la vivienda. La prórroga extraordinaria regulada en este artículo es incompatible con la prevista en el artículo 10.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que, en su caso, se aplicará con carácter preferente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente.
Artículo 2. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro del periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones:
a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor en los términos que establece el artículo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que la variación anual de la renta pueda exceder del dos por ciento. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
b) En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al dos por ciento.
Tras la confección de este segundo decreto, Sumar sacaba pecho de "estar en el Gobierno para esto" y para "ir más lejos cuando el momento lo exige". "En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes", reivindicaban los de Yolanda Díaz.
"Ninguna crisis debería convertirse en una oportunidad de negocio para los de siempre. Lo que debemos hacer es trabajar para proteger a toda la gente trabajadora y para que la política sirva a las mayorías, no a los mercados. Hoy hemos dado un paso más hacia esa dirección", aseveraban desde el movimiento progresista tras la aprobación del decreto.