El informe elaborado por la Policía Nacional sobre la actuación de un agente antidisturbios que empujó a una profesora durante las protestas por la huelga educativa en València concluye que el funcionario empleó una fuerza “mínima y reglamentaria” y atribuye las lesiones sufridas por la mujer a una caída fortuita provocada por la pérdida de equilibrio.
El atestado, incorporado ya al procedimiento judicial abierto para esclarecer los hechos, sostiene que las heridas —que obligaron a practicar dos puntos de sutura en la barbilla y provocaron diversas contusiones en el rostro y el tórax— fueron una consecuencia accidental y no una acción intencionada del policía.
La versión recogida en el documento, redactado de madrugada pocas horas después de los incidentes, choca con las imágenes grabadas por varios testigos y difundidas ampliamente en medios de comunicación y redes sociales.
Esos vídeos, que también serán aportados a la causa, muestran el momento en que la docente recibe un empujón por la espalda durante la concentración celebrada el pasado 31 de mayo frente a la Conselleria de Educación.
Según el relato policial, un grupo de manifestantes abandonó la protesta inicialmente autorizada y se desplazó hacia la avenida de Pío XII con la intención de interrumpir la circulación, una acción que, según el informe, carecía de autorización y habría provocado la ruptura del cordón policial.
La Policía sostiene que algunos participantes llegaron a sentarse sobre la calzada, generando una situación de riesgo para agentes, conductores y los propios concentrados.
En ese contexto, la unidad antidisturbios acudió con rapidez para impedir el bloqueo del tráfico. El atestado describe a la profesora como una de las personas que alentaban la ocupación de la vía pública y asegura que desobedeció repetidamente las instrucciones policiales.
Sin embargo, las grabaciones conocidas muestran a la mujer caminando por la calzada y situada de espaldas al sentido de la circulación, una secuencia que difiere del relato recogido por los agentes.
La versión oficial sostiene que el mando de la unidad intentó apartarla hacia la acera empleando una fuerza proporcionada y que fue la propia inercia del movimiento la que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo.
El informe recalca que el resultado fue accidental y ajeno a la intención de los agentes, cuyo objetivo, según subraya, era garantizar la seguridad y reconducir a los manifestantes fuera de la carretera, sin pretender causar daños ni efectuar reducciones.
El documento fue redactado alrededor de las doce de la noche, cuando las imágenes del incidente ya circulaban masivamente y habían suscitado una intensa polémica política. La actuación del antidisturbios fue cuestionada por distintos representantes públicos y llevó a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a ordenar una investigación interna al considerar los hechos “inaceptables”. El agente implicado fue retirado del operativo esa misma tarde mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.
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