El plan de vivienda del Gobierno corre peligro: Podemos se niega a apoyar las ayudas fiscales a caseros

El plan de vivienda anunciado por el Gobierno como último intento para abordar la crisis de precios se está encontrado problemas incluso antes de empezar a negociarse. El PSOE ha vuelto a chocarse de bruces con un Congreso de los Diputados en el que no goza de una mayoría sólida y, salvo que una genialidad negociadora haga saltar la sorpresa, todo apunta a que el paquete de medidas anunciado morirá en la orilla, a manos de Podemos y Junts per Catalunya, mismo futuro que se prevé para otras importantes iniciativas.

El principal problema que se está encontrando la coalición son los de Carles Puigdemont, pero no el único. El Ejecutivo se devana la cabeza para contentar a la derecha catalana y conseguir que vote contra su posición ideológica, habitualmente a cambio de una concesión nacionalista; sin embargo, cuando la cesión supone incorporar medidas neoliberales es Podemos quien levanta la voz. Los morados están cansados de ser la formación que tiene que ceder a cambio de nada, mientras se dar por sentado que Junts no votará a favor hasta que la contrapartida sea suficiente, y se han plantado.

El PSOE quería contentar a todo el mundo y, por el momento, no ha conseguido convencer a ninguno de los huesos más duros. Para ello se habían incluido en el decreto medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos se realicen por escrito o la subida del IVA para los pisos turísticos, defendidas por diferentes formaciones de izquierda a lo largo de la legislatura; y, a la par, la concesión de bonificaciones fiscales a los caseros que reduzcan el precio del arrendamiento para contentar a Junts.

"Nadie puede esperar que Podemos apoye, ni por activa ni por pasiva, regalos fiscales a los caseros", ha dejado claro la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Los morados no tienen pensado transigir en esta materia y permitir que se apruebe otra serie de ayudas para los propietarios, principales beneficiados en los últimos años, y todo apunta a que Moncloa va a seguir experimentado lo que significa contar con un Gobierno en minoría aupado por formaciones ubicadas en las antípodas ideológicas.

La coalición necesita que al menos una de las dos formaciones vote a favor y la otra, como mínimo, se abstenga. Podemos sugiere al Gobierno que trocee en diferentes paquetes las medidas. “Como hicieron con el escudo social para contentar a Junts”, añaden a modo de reproche, molestos con que Junts pueda bloquear como guste y se exija a su formación el voto favorable a cambio de nada. Las negociaciones comienzan tensionadas, pero habrá que esperar un par de semanas para conocer los avances.

Poco conocido y exigencias de inquilinos

El texto completo todavía se desconoce y desde el Gobierno solo se ha adelantado alguna de las medidas que se incluirán en el decreto, sin descartar que finalmente se puedan sumar nuevas, tras la negociación con los grupos parlamentarios. Se contemplan dos bloques en el articulado de la norma, que buscarán reducir los precios, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en los alquileres, por un lado; y movilizar vivienda asequible, por el otro.

En el caso del primero de los bloques, las principales medidas anunciadas son la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos se realicen por escrito y la concesión de bonificaciones en el Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los caseros que reduzcan el precio del arrendamiento.

Las primeras de ellas son abordajes defendidos por Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu o Podemos, mientras que la referida a los beneficios fiscales proceden de Junts, con lo que el Gobierno busca convencer a la mayoría. El segundo de los bloques contiene como medidas estrella la subida del IVA que afecta a las viviendas de uso turístico (VUT), hasta el 21%, y la agilización de trámites administrativos, aunque se desconocen los detalles de a que procesos se refiere.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas consideran insuficiente lo anunciado y ha compartido una lista de políticas que consideran que sería necesario incluir en el decreto. La bajada directa de los precios del alquiler, la regulación del fraude de los alquileres de temporada y de habitaciones y la prórroga de los alquileres son algunas de las reivindicaciones históricas de la organización, que además reclama que se recupere la moratoria antidesahucios para familias vulnerables. Asimismo, reclaman la tramitación y aprobación de la Ley Antiestafas Inquilina, que lleva dos años bloqueada en el Congreso de los Diputados.