Las pensiones suben porque ahora la ley las protege: el cambio de modelo que la derecha quiso tumbar

Las pensiones volverán a subir en 2026 después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes, en su última reunión del año, la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para el año que viene, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%, tal y como anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. De esta subida cabe remarcar un dato: tienen la posibilidad de subir porque así lo determina y protege la Ley de garantía del poder adquisitivo, que salió adelante a pesar de la intentona de la derecha por tumbarla.

La Ley de garantía del poder adquisitivo, a lo largo de sus veintiséis páginas, diferentes ideas clave relacionadas con el blindaje del sistema de pensiones. En primer lugar, la revalorización de las mismas conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC), garantizando que no pierdan valor con la inflación. En segundo lugar, aboga por la sostenibilidad del sistema con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional temporal para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y asegurar el equilibrio entre generaciones a largo plazo.​​​​​​ En tercer lugar tiene un punto que fue cuestionado desde las izquierdas, que es el fomento del retraso en la jubilación con incentivos económicos y exenciones en cotizaciones para quienes sigan trabajando más allá de la edad legal. Por último, destaca que se enmarcó en un contexto de reforma laboral en el que la afiliación estaba creciendo, impactando positivamente la financiación de las pensiones con las cotizaciones a la Seguridad Social. Por todo ello, supone una legislación crucial para proteger el valor de las pensiones frente a la inflación, buscando equilibrar la protección social con la viabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social a largo plazo.

Así las cosas, si las pensiones se revalorizan de manera automática, es gracias a este texto legal. 2,7% para las contributivas, 7% para las mínimas en 2026. En total, se revalorizarán cerca de 13 millones de pensiones entre las contributivas y no contributivas, las de clases pasivas, las de hogares que perciben el IMV, y las de quienes tienen reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%. Cabe recordar que el PP luchó por tumbar esta ley.

Rechazo del PP al blindaje a las pensiones

El PP ha sacado pecho durante estos años de pedirle al Gobierno de Pedro Sánchez que revalorice las pensiones. Un frente de confrontación política recurrente entre Gobierno y oposición que cae en saco roto cuando se remonta en el tiempo hasta diciembre de 2021 para ver que el Partido Popular votó en contra de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Una medida que recuperó el IPC como vía para revalorizar las prestaciones y eliminó el 'factor de sostenibilidad' impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Los únicos que ponen en peligro las pensiones, tanto cuando gobiernan como cuando están en la oposición, son el Partido Popular", respondían en su momento fuentes de Moncloa, recordando que fue el Gobierno de Sánchez el que mantuvo el poder adquisitivo de los pensionistas por ley en 2021, conforme a la subida de precios del IPC anual. Una normativa que fue "necesaria para revertir la perniciosa reforma" del anterior mandato de Mariano Rajoy, en referencia a la congelación de las pensiones a un 0,25% anual que, en el momento que el IPC subiera por encima de esa cantidad, se traduciría en una pérdida de poder adquisitivo de los receptores. En contraposición, desde el inicio del mandato de Sánchez en el Gobierno central, se han revalorizado un 26,6%, unos 270 euros al mes en seis años frente a los 19 euros al mes que habrían subido con el incremento porcentual predefinido que existía durante la administración de Mariano Rajoy.

Por otro lado, a principios de este año, el Gobierno impulsó un decreto ómnibus que incluía, entre otras medidas, la subida del 2,8% para todas las pensiones en general, que llegaba al 9% en caso de las no contributivas y de otras prestaciones económicas, además de las propias revalorizaciones pasivas por ley. En conjunto con Junts y Vox, el PP tumbó este decreto y presentó, inmediatamente después, una Proposición de Ley similar. La justificación aportada por los de Feijóo consistió en que el Gobierno "incumple por segundo año consecutivo la obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado", y afeaban que se utilizara el mecanismo del Real Decreto ómnibus para incluir esta medida, que seguía la línea del Pacto de Toledo acordado en 2020 y de la Ley firmada en 2021 con el rechazo del propio PP.