La ofensiva de la ultraderecha europea contra uno de los símbolos más reconocibles de la integración comunitaria suma un nuevo capítulo. Patriots for Europe, el grupo del Parlamento Europeo en el que se integra Vox, ha puesto sobre la mesa la idea de incorporar el principio de “prioridad nacional” a la normativa que regula el espacio Schengen, una propuesta que supondría reforzar la capacidad de los Estados para otorgar ventajas a sus propios ciudadanos frente a los extranjeros en ámbitos vinculados a derechos, acceso y protección dentro de la Unión.
La iniciativa encaja en la estrategia política que desde hace años comparten distintas formaciones de la derecha radical europea: cuestionar el actual modelo de libre circulación y endurecer el enfoque de la UE en materia migratoria, fronteriza y de acceso a prestaciones. Aunque Schengen nació como uno de los grandes avances del proyecto comunitario al eliminar los controles fronterizos internos entre países adheridos, la extrema derecha ha convertido ese espacio de libertad de movimiento en uno de sus principales objetivos políticos, al presentarlo como una grieta por la que —según su relato— se debilita la soberanía nacional.
En ese marco, la propuesta lanzada desde Patriots apunta a una revisión de las reglas para que los Estados miembros dispongan de mayor margen a la hora de priorizar a sus nacionales frente a ciudadanos de otros países o frente a personas extracomunitarias. La fórmula, habitual en el vocabulario político de la extrema derecha, persigue trasladar al terreno normativo europeo una idea sencilla pero de fuerte carga ideológica: que los recursos públicos, la protección social y determinados derechos de acceso deben reservarse en primer lugar para quienes tienen la nacionalidad del país.
La maniobra no es menor. Schengen no solo regula la circulación sin fronteras interiores, sino que forma parte del entramado legal y político que ha sostenido durante décadas la idea de una Europa sin barreras internas. Introducir en ese espacio el criterio de preferencia nacional supondría, en la práctica, abrir la puerta a una reinterpretación del equilibrio entre soberanía estatal e igualdad de trato dentro del club comunitario.
Un golpe al corazón del proyecto europeo
El planteamiento del grupo europeo en el que se sienta Vox llega, además, en un contexto especialmente propicio para este tipo de mensajes. La migración, la seguridad y el control de fronteras se han consolidado como algunos de los ejes prioritarios del debate político europeo, y la ultraderecha ha logrado desplazar el marco de discusión hacia posiciones cada vez más restrictivas. Bajo ese prisma, propuestas que hace apenas unos años habrían quedado confinadas a los márgenes del debate europeo empiezan a encontrar más eco institucional y mediático.
La prioridad nacional no es un concepto nuevo. En distintos países, la extrema derecha lo ha utilizado para defender que los nacionales tengan preferencia en el acceso a vivienda pública, ayudas sociales, empleo o servicios. Su traslación al marco de Schengen, sin embargo, tiene una dimensión adicional: afecta a uno de los fundamentos de la UE, el de la libre circulación y el de la igualdad de trato entre ciudadanos europeos en determinados ámbitos reconocidos por la legislación comunitaria.
Los defensores de este enfoque sostienen que los gobiernos necesitan recuperar herramientas para proteger a sus ciudadanos en un contexto de presión migratoria, crisis económica y desafección política. Pero sus críticos advierten de que detrás de esa formulación se esconde una normalización de la discriminación en función del origen o la nacionalidad, así como un debilitamiento consciente de los principios que han articulado la construcción europea desde finales del siglo XX.
De “Europa fortaleza” a “Europa para los nacionales”
La propuesta de Patriots no aparece en el vacío. Forma parte de una evolución política más amplia en la que la extrema derecha ya no se limita a reclamar más controles fronterizos o más expulsiones, sino que busca reordenar la arquitectura legal europea para que la pertenencia nacional pese más que los compromisos comunitarios. El paso es significativo: ya no se trata solo de cerrar puertas hacia fuera, sino de redefinir quién tiene prioridad dentro.
En el caso de Vox, su inserción en este bloque refuerza una línea política que el partido lleva años defendiendo también en España: endurecimiento migratorio, recentralización del poder, exaltación de la soberanía nacional y confrontación con los consensos liberales y sociales de la UE. La diferencia es que, en el Parlamento Europeo, ese discurso se articula ahora con aliados de otros países para intentar convertirlo en agenda común de la ultraderecha continental.
La propuesta, previsiblemente, topará con resistencias entre las fuerzas proeuropeas y en sectores que consideran que tocar Schengen en esta dirección supondría desnaturalizar uno de los principales logros de la integración. No obstante, su valor político no depende solo de que salga adelante. También reside en su capacidad para marcar la agenda, forzar debates y seguir empujando el centro de gravedad europeo hacia postulados más duros en inmigración y ciudadanía.
En ese terreno, Patriots y Vox juegan una partida de largo recorrido. Su objetivo no es únicamente reformar normas concretas, sino instalar una nueva lógica política en la UE: menos universalidad, menos igualdad de trato y más frontera, incluso dentro de las propias fronteras europeas. La prioridad nacional, convertida en bandera ideológica, deja así de ser un eslogan de campaña para aspirar a convertirse en criterio legislativo. Y eso afecta no solo a la política migratoria, sino al propio sentido del proyecto europeo.