Organizaciones sociales aprovechan el aplazamiento del decreto de vivienda para exigir la retirada de la modificación de la ley de Suelo

El Gobierno de coalición se ha visto obligado a aplazar el debate del decreto de vivienda, su último intento por abordar la crisis de precios. El PSOE y Sumar consiguieron ponerse de acuerdo para impulsar un nuevo paquete de medidas habitacionales, que iba a ser aprobado este martes por el Consejo de Ministros; sin embargo, han chocado con la falta de apoyos de sus socios habituales, cada uno por distintos motivos, y han decidido darse más tiempo para negociar ante la previsible caída de la norma.

"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han trasladado fuentes del Ministerio de Vivienda. Junts per Catalunya exige un decreto más descafeinado, mientras que Podemos pide ir más allá, razones que auguran un mal futuro a las negociaciones. El movimiento de vivienda, por su parte, coincide con la posición de los morados.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas han emitido, este lunes, un comunicado conjunto en el que cargan con la intención de modificar la Ley del Suelo, contemplada en el decreto, para “blindar las iniciativas de urbanización y construcción que se prueben irregulares en sede judicial”. “Estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, coinciden las tres organizaciones.

Los malabares del Ejecutivo para conseguir diversos apoyos parlamentarios no gustan a los firmantes del comunicado, que consideran que se está aprovechando la grave crisis de vivienda para presentar un real decreto ley que “camufla reivindicaciones del lobby inmobiliario con medidas propuestas por las inquilinas como acabar con el fraude del alquiler de temporada y de habitaciones”. Por ello, reclaman al Gobierno y al conjunto de grupos políticos que retiren los aspectos más lesivos de la reforma de la Ley del Suelo del texto, que consideran similar al impulsado por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

“Esta desprotección (referida a lo contemplado por la modificación de la ley del Suelo) permitirá más urbanizaciones enclavadas en zonas naturales, lo que resulta, como se está viendo ahora, extremadamente peligroso y perjudicial en los grandes incendios forestales”, afirman las organizaciones ecologistas, que también exigen “extender y reforzar más allá de 2026 las ayudas que faciliten a la ciudadanía participar de una transición energética justa, entre ellos, avanzar hacia una tarifa social energética, garantizar el acceso a suministros básicos e impulsar la rehabilitación de las viviendas”.

Más allá de las críticas, y como han realizado en anteriores ocasiones, los sindicatos de inquilinas han trasladado otras exigencias para que se incluyan en la norma durante su proceso de negociación. Por un lado, reclaman mantener todos los supuestos para acogerse a las prórrogas del anterior Real Decreto aprobado en marzo e incluir las situaciones de tácita reconducción que afectan a decenas de miles de familias. Por otro, solicitan la limitación de subidas de la renta interanual de los alquileres al 0%. Dos medidas ambiciosas que llevarían el texto un paso más allá.