Durante la crisis migratoria de Ceuta, alrededor de 80.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad autónoma, en un contexto marcado por la permisividad de las autoridades marroquíes. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, aproximadamente el 90% ya ha regresado a Marruecos, mientras que unas 8.000 personas permanecen en Ceuta.
Las razones que explican la llegada masiva continúan sin esclarecerse por completo. Entre los factores apuntados figuran el descontento de parte de la juventud marroquí, la falta de expectativas, la circulación de información falsa en redes sociales y la decisión de las autoridades marroquíes de permitir el paso durante la avalancha.
La dimensión operativa de esta emergencia se concentra ahora en unas 5.000 personas: cerca de 2.500 menores y otros tantos migrantes que podrían solicitar protección internacional. El resto serían, principalmente, adultos sin derecho a acogida, cuya situación deberá resolverse mediante los procedimientos de retorno correspondientes.
Una crisis con causas todavía abiertas
El impacto sobre Ceuta resulta especialmente significativo: la ciudad cuenta con unos 83.000 habitantes, por lo que la permanencia de alrededor de 8.000 migrantes supone un incremento temporal de población cercano al 10%, con una fuerte presión sobre los servicios públicos y los recursos de acogida.
A ello se suma la dimensión geopolítica de la crisis y el temor a que una intervención más contundente provocara un número todavía mayor de víctimas. 142 personas murieron, según las cifras citadas en el texto, aunque el balance podría haber sido superior.
Menores y posibles solicitantes de asilo
El Gobierno calcula que entre los menores que permanecen en la ciudad hay aproximadamente 600 niñas y unos 400 menores de 13 años, lo que evidencia, según el Ejecutivo, un cambio en el perfil de quienes protagonizan las entradas irregulares.
España debe garantizar la protección de los menores no acompañados, aunque aquellos que sean reclamados por sus familias y deseen regresar podrán hacerlo conforme a los procedimientos establecidos.
El segundo gran grupo está formado por unos 2.500 potenciales solicitantes de asilo, entre ellos personas procedentes de países en conflicto o sometidas a situaciones de persecución. Sus solicitudes deberán analizarse individualmente antes de determinar si cumplen los requisitos para recibir protección internacional.
Un reparto de responsabilidades dentro del Gobierno
La gestión de la crisis ha puesto de manifiesto distintos enfoques dentro del Ejecutivo. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado el carácter español de Ceuta, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido el retorno a Marruecos de quienes entraron irregularmente.
El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha precisado que ya se han abierto más de 400 expedientes de protección internacional. Quienes obtengan el reconocimiento de ese derecho podrán permanecer en España; quienes no cumplan los requisitos quedarán sujetos a los procedimientos de expulsión.
Refuerzo de la acogida
El Ejecutivo prepara nuevas medidas para afrontar la situación. Entre ellas figura la previsión de destinar 25 millones de euros a la atención de los menores no acompañados, una partida que podría ampliarse si las necesidades lo requieren.
También está previsto convocar una conferencia sectorial para organizar el reparto de los menores entre las comunidades autónomas. Paralelamente, el Gobierno sostiene que existen plazas disponibles en la Península para atender a los solicitantes de protección internacional.
Ceuta teme una nueva llegada masiva
La crisis, sin embargo, permanece abierta. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, considera que la situación sigue siendo “insostenible” y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se produzca una nueva entrada masiva en torno al 15 de agosto.
La respuesta española tendrá además una dimensión europea. La gestión de la frontera, las diferencias entre los gobiernos sobre política migratoria y la presión de algunos socios comunitarios añaden una nueva capa de complejidad a una crisis que, dos semanas después de la avalancha, comienza a tener cifras más precisas, pero mantiene abiertas buena parte de sus incógnitas.
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