No es contra ellos, es contra la Democracia

Lo que estamos viviendo hoy con Pedro Sánchez no es nuevo. En la derecha española las caras y los portavoces van cambiando, pero el manual de instrucciones es exactamente el mismo de siempre. Ya lo admitió sin tapujos el periodista Luis María Ansón en los 90 cuando soltó aquella confesión: “Para terminar con Felipe González se rozó la estabilidad del Estado. Tenía razón González cuando denunció ese peligro, pero era la única forma de sacarlo de ahí”. Décadas después, el guion se repite paso a paso y la diana actual es el Gobierno de coalición progresista.

Aquí la Justicia es la última de las preocupaciones. Lo único que importa es alcanzar el poder político a cualquier precio, impulsados por una derecha que históricamente ha tendido a considerarse propietaria natural del Estado y que simplemente no soporta estar fuera del Gobierno. Parafraseando la célebre expresión futbolística de Luis Aragonés, el Partido Popular ha decidido que quiere recuperar la Moncloa “por lo civil o por lo judicial”. Muchos ciudadanos perciben en ello una estrategia de judicialización de la política destinada a condicionar la acción del Gobierno.

Por eso duele tanto ver el panorama actual. Aquellos que aguantaron en primera persona aquella campaña de fango en el pasado echan profundamente de menos que Felipe González salga a dar un apoyo explícito. Es imposible no preguntarse por qué calla ante una situación que recuerda a episodios que él mismo denunció en el pasado. Su silencio no solo hiere la memoria de la militancia socialista; también debilita una respuesta democrática común frente a esta dinámica de confrontación.

Toda esta maquinaria del desgaste judicial y mediático viene de muy atrás. Ya lo demostraron en los ochenta cuando forzaron la dimisión de Demetrio Madrid en Castilla y León por un caso del que acabó totalmente absuelto. Repitieron la jugada en Galicia dinamitando el gobierno de Emilio Pérez Touriño a base de acusaciones y polémicas muy amplificadas mediáticamente sobre supuestos lujos en su despacho. Y lo perfeccionaron persiguiendo con saña a José Ramón Gómez Besteiro, al que apartaron de la política durante siete años con imputaciones que terminaron archivadas.

Esta estrategia de acoso responde a la vieja orden de combate que dictó en su día José María Aznar: “El que pueda hablar, que hable; el que pueda hacer que haga”. Y vaya si se lo tomaron en serio. Ya lo demostró Cristóbal Montoro en 2010 en los pasillos del Congreso con aquella frase de “dejad que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. Es el mismo Montoro cuyo bufete ha sido objeto de investigación judicial por presunta corrupción, bajo la sospecha mediática y judicial de haber cambiado leyes a la carta para beneficiar a empresas gasísticas. Una causa en Tarragona en la que se han rastreado movimientos económicos y cuyos hilos de investigación se extendieron al extranjero, aunque con una repercusión mediática mucho menor que otros casos similares.

Ahora quieren repetir el mismo golpe de efecto apuntando a José Luis Rodríguez Zapatero, a Begoña Gómez, a David Sánchez o a Álvaro García Ortiz. Pero no nos equivoquemos: ellos son solo los peones elegidos para justificar una estrategia de desgaste político y mediático.

El objetivo real del PP no son sus familias ni las instituciones; el objetivo es derribar a Pedro Sánchez y erosionar la legitimidad del actual Gobierno.

Resulta cínico que los mismos que exigen dimisiones inmediatas por simples sospechas miren para otro lado ante sus propias contradicciones. Asistimos al mantra repetido por el Partido Popular de que debe gobernar la lista más votada, pero solo cuando les conviene a ellos; si las urnas les niegan la mayoría pero pueden alcanzar el poder pactando con quien sea, no dudan en hacerlo. Actúan bajo la premisa de que gobernar es un derecho patrimonial que les pertenece en exclusiva, proyectando la soberbia de quienes consideran que únicamente ellos representan la estabilidad institucional.

Bajo esa misma incoherencia, calla Alberto Núñez Feijóo, incapaz de dar una sola explicación convincente sobre sus fotos y su histórica amistad con Marcial Dorado, quien años después fue condenado por contrabando y narcotráfico. Calla Isabel Díaz Ayuso, atrincherada en la defensa de su pareja, quien ha asumido una investigación fiscal por fraude y que obtuvo importantes ingresos y comisiones empresariales en lo peor de la pandemia.

Y calla, finalmente, Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, esquivando las críticas de la oposición sobre la actividad profesional de su mujer. Para esta derecha la única ley en la que creen es en una evidente doble vara de medir: impunidad total para ellos y persecución implacable para la izquierda.

Ante un escenario así, ponerse de perfil es una forma de complicidad. No podemos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo se utilizan los tribunales para condicionar políticamente el resultado emanado de las urnas. Hay que moverse. Es urgente articular una gran movilización ciudadana y salir a las calles para recordar de quién es la soberanía: del pueblo, no de determinados sectores conservadores con gran capacidad de influencia institucional. Pero, sobre todo, esa indignación tiene que verse reflejada de forma rotunda en las urnas cada vez que vayamos a votar. Porque el futuro del país debe decidirse siempre en las urnas y nunca mediante estrategias de desgaste que erosionen la confianza en la democracia.

Diego Ruiz Ruiz es militante del PSOE de Toledo capital