La crisis migratoria de Ceuta continúa abierta, aunque durante los últimos días se han producido cambios significativos en la organización de la acogida. El Gobierno central ha puesto en funcionamiento nuevos espacios temporales para trasladar a parte de las personas que permanecían en playas y otros puntos de la ciudad. Entre ellos se encuentra el campamento instalado en el puerto, con capacidad para unas 1.700 personas, al que fueron trasladados migrantes procedentes principalmente de las playas del Trampolín y Benítez. También se han habilitado instalaciones en otros puntos de la ciudad, como Los Rosales, donde fueron trasladadas 864 personas desde los alrededores de Loma Colmenar. Ello, sin embargo, no ha evitado el desencuentro político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió públicamente a una pregunta sobre los menores que continúan en las calles de Ceuta remitiendo la responsabilidad directamente al presidente de la ciudad autónoma. El Gobierno central sostiene que la tutela de esos menores corresponde a Ceuta y que es la Administración local quien debe facilitar las medidas necesarias para garantizar su acogida.
Con este telón de fondo, ha sido la dialéctica de los socialistas la que ha dado un nuevo salto, cansados, aseguran, de "haber recibido tantos ataques", según publica eldiario.es. "No nos queda otra que defendernos", apuntan fuentes del Ejecutivo. "Hasta ahora le guardábamos el aire a Vivas, pero, ante tanta mentira y tantos ataques, hemos decidido defendernos. Nosotros entendemos que haya mil niños en las calles porque es difícil de gestionar, porque es mentira que se puedan devolver sobre la marcha y porque hay problemas de espacio. Pero si nosotros empatizamos con esa situación, que es competencia exclusiva suya, lo que le demandamos es que empatice él con nosotros y deje de machacarnos con populismo barato", señalan desde Moncloa.
Desde el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas, en cambio, se reclama una mayor implicación del Estado ante una situación que consideran desbordada y fuera de las capacidades logísticas de la ciudad autónoma. El presidente ceutí ha cuestionado la actuación del Gobierno durante la crisis y ha reclamado, entre otras medidas, una mayor rapidez en los procedimientos de retorno. Las críticas han provocado una respuesta más contundente de La Moncloa, que hasta ahora había evitado elevar públicamente el enfrentamiento con el Gobierno autonómico.
Las nuevas plazas han permitido trasladar a miles de personas desde emplazamientos improvisados, pero no han resuelto el problema de fondo. Tras el traslado al puerto, cientos de personas continuaban todavía en la playa del Trampolín y otras zonas, mientras que el Gobierno estima que entre 700 y 1.000 menores siguen en las calles de Ceuta. La cifra de menores identificados supera ya los 2.000. No obstante, la situación ha provocado un deterioro de las relaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la ciudad autónoma. Administración central y autónoma se centran en la atención y eventual traslado a la Península de los menores no acompañados y la elección de los espacios destinados a acoger temporalmente a los adultos.
Uno de los principales puntos de discrepancia es el traslado a la Península de un grupo de menores. El Ministerio de Juventud e Infancia planteó en agosto trasladar inicialmente a unas 500 niñas consideradas especialmente vulnerables a recursos situados en diferentes puntos del territorio, en una proposición que levantó muchas ampollas en las regiones en las que el PP gobierna con Vox, donde la ultraderecha tiene las competencias de Infancia. Aquella propuesta contemplaba que la acogida sea gestionada por entidades especializadas y financiada con recursos estatales, mientras Ceuta mantendría la tutela legal de las menores. El Ministerio considera que esta medida permitiría reducir la presión sobre los recursos de la ciudad y mejorar las condiciones de acogida de las menores. El Gobierno ceutí, por su parte, ha cuestionado las condiciones concretas del ofrecimiento y defiende que la prioridad debe ser resolver la situación jurídica de los menores y estudiar su posible retorno o reunificación familiar.
Paralelamente, el intercambio de comunicaciones entre ambas administraciones también ha sido objeto de comentarios. Según una información de la Cadena SER, el Ministerio remitió el 28 de agosto un correo con una propuesta para trasladar a 500 menores. El Gobierno ceutí sostiene que respondió posteriormente por vía telefónica para solicitar información adicional sobre las plazas, los centros y las condiciones del traslado, aunque no existe un acuerdo para ponerlo en marcha.
El debate sobre las devoluciones y el cambio de posición de Vivas
Otro de los asuntos que ha ido cambiando durante la crisis es la posición del Gobierno de Ceuta respecto al retorno de los menores a Marruecos. Antes de la entrada de finales de julio, Vivas había defendido públicamente que la legislación española establecía importantes límites para devolver a menores no acompañados. En una intervención del 29 de julio, el presidente ceutí sostuvo que la legislación impedía realizar devoluciones automáticas y afirmó que, en el caso de los menores, debían tenerse en cuenta sus circunstancias individuales. También señaló entonces que los solicitantes de protección internacional no podían ser retornados mientras se tramitara su petición.
La posición del Ejecutivo ceutí ha evolucionado posteriormente. El Gobierno local argumenta ahora que la magnitud de las entradas producidas a finales de julio constituye una circunstancia nueva y reclama que se agilicen los retornos y los procedimientos de reunificación familiar. El PP también ha vinculado esta posición al nuevo marco europeo de migración y asilo, en el que las posiciones conservadoras están tomando ventaja paulatinamente.
Este cambio de posición de Vivas se ha convertido en uno de los argumentos utilizados por el Gobierno central para explicar el deterioro de la relación entre ambas administraciones. Desde La Moncloa se ha señalado la diferencia entre el discurso del presidente ceutí antes de la crisis y sus reclamaciones actuales. El Ejecutivo de Ceuta sostiene, por su parte, que las circunstancias producidas desde finales de julio justifican una revisión de las medidas necesarias por su excepcionalidad.
Los espacios de acogida y sus problemas por resolver
Por otro lado, el segundo gran punto de roce entre Ejecutivo central y administración ceutí se encuentra en la búsqueda de emplazamientos para las personas que permanecen en la ciudad. Durante las primeras semanas de la crisis, Gobierno central y ciudad autónoma negociaron distintas alternativas para instalar espacios temporales. Algunas propuestas encontraron oposición por razones urbanísticas, vecinales, empresariales o relacionadas con la actividad de las instalaciones afectadas, y el caso más relevante en los últimos días ha sido el del puerto. El Ministerio de Transportes asumió el control de una parte del muelle de Poniente para instalar un campamento temporal después de que la Autoridad Portuaria de Ceuta, dependiente de la ciudad autónoma, hubiera expresado objeciones a la utilización de esos terrenos. La instalación tiene capacidad para unas 1.700 personas y comenzó a recibir migrantes el 18 de septiembre. El traslado ha permitido liberar parcialmente las playas, pero el número de personas que permanecían allí era superior a la capacidad del nuevo recinto.
Algunas estimaciones situaban en torno a 5.000 las personas asentadas en las playas antes del operativo, por lo que varios miles siguen pendientes de una plaza de alojamiento. La crisis ha puesto de relieve que la capacidad de acogida disponible no crece al mismo ritmo que las necesidades. El Gobierno central prevé superar las 6.000 plazas temporales y ha anunciado que trabaja con un escenario de hasta 10.000 si fuera necesario. Sánchez, por su parte, ha situado a finales de año el horizonte para que la situación pueda quedar estabilizada.
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