Moncloa, en busca de fórmulas para salvar el escudo social tras el segundo veto de la derecha

El Gobierno busca una salida al bloqueo parlamentario que ha dejado en el aire el escudo social aprobado durante la pandemia y prorrogado en los últimos años para proteger a las familias más vulnerables. Tras la derrota en el Congreso del decreto que contenía estas medidas, el Ejecutivo explora ahora distintas alternativas para recuperar al menos parte de ese paquete, incluida la moratoria de los desahucios.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que el Ejecutivo está analizando cómo recomponer la mayoría parlamentaria necesaria para sacar adelante las medidas sociales que han quedado en suspenso. El reto pasa por intentar alinear posiciones muy distantes entre sí: por un lado, las exigencias de Junts, que rechaza la moratoria antidesahucios; y, por otro, las demandas de los partidos de la izquierda, que consideran imprescindible mantenerla.

“Hay que pulsar el sentir de los grupos, y veremos, en función de esa cuestión, cuáles son las posibilidades que tenemos”, explicó Montero en una entrevista en la Cadena SER. La vicepresidenta insistió en que el Gobierno seguirá apostando por la negociación para desbloquear la situación. “El diálogo es la mayor ventaja que tenemos a la hora de poder concitar la capacidad de que el bienestar llegue a los ciudadanos”, defendió.

Entre las opciones que se barajan vuelve a aparecer la posibilidad de dividir el decreto en varias iniciativas legislativas. La fórmula ya fue utilizada recientemente para garantizar la aprobación de la revalorización de las pensiones, que se separó de un decreto más amplio para sortear las dificultades parlamentarias. En esta ocasión, sin embargo, la ecuación es aún más compleja.

Sumar aboga por trocear el decreto

Desde Sumar han reclamado a sus socios en el Ejecutivo que consideren precisamente esa vía: trocear el decreto para intentar salvar algunas medidas clave, entre ellas la moratoria antidesahucios, que consideran fundamental para proteger a las familias vulnerables en un contexto de encarecimiento del alquiler y aumento de la presión inmobiliaria.

Montero no confirmó abiertamente que el Gobierno vaya a optar por esa fórmula, pero sí dejó claro que todas las alternativas están sobre la mesa. “Meditaremos y reflexionaremos dentro del Gobierno para ver cómo se componen esas aritméticas parlamentarias e intentar impulsar la mayor parte de las medidas que contemplaba el decreto, que son absolutamente necesarias”, señaló.

Un complicado equilibrio parlamentario

El problema reside en la aritmética del Congreso. Junts votó junto al Partido Popular y Vox para tumbar el decreto, una decisión que en el Gobierno interpretan como un movimiento político que dificulta la continuidad de las medidas sociales. Desde el Ejecutivo lamentan que los posconvergentes no hayan querido sentarse a negociar antes de la votación.

Según fuentes gubernamentales, durante las últimas semanas se introdujeron varias modificaciones con la intención de acercar posiciones con el partido de Carles Puigdemont. Entre ellas, la reducción de la prórroga de la moratoria antidesahucios y la exclusión de los pequeños propietarios, una medida pactada con el PNV. También se planteó agilizar las compensaciones económicas para los propietarios afectados por la suspensión de lanzamientos judiciales.

Sin embargo, estos cambios no lograron convencer a Junts. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, insistió en que el problema radica en la inclusión de la moratoria dentro del decreto, ya que el partido catalán vincula esta medida con el fenómeno de la ocupación de viviendas. Desde su punto de vista, la solución pasaría por aprobar el escudo social sin esa parte. “Escudo social sí, okupaciones no”, resumió Nogueras.

Esa propuesta, no obstante, choca frontalmente con la posición de los partidos de la izquierda que habitualmente respaldan al Gobierno. Formaciones como ERC, EH Bildu, Podemos o el BNG consideran que separar la moratoria del resto del paquete supondría dejar sin protección a miles de familias vulnerables.