La Ley de Multirreincidencia se prepara para su examen final en el Congreso con cisma en la izquierda

La reforma del Código Penal promovida por Junts para endurecer las penas contra la multirreincidencia afronta su fase decisiva en el Congreso de los Diputados. El texto será sometido a debate y votación final en el Pleno previsto para la semana del 10 de febrero, en un contexto de fuerte división dentro del bloque de investidura y con un choque abierto entre el PSOE y su socio de Gobierno, Sumar, así como con formaciones como Bildu, ERC y Podemos.

La iniciativa, registrada por el partido de Carles Puigdemont en marzo de 2024, permaneció meses paralizada tras ser admitida a trámite medio año después. No fue hasta marzo de 2025 cuando comenzaron a presentarse las enmiendas parciales. Sin embargo, el desacuerdo de los grupos situados a la izquierda del Ejecutivo volvió a frenar su avance parlamentario.

El escenario cambió tras la ruptura de negociaciones anunciada por Junts con el Gobierno, lo que llevó al PSOE a desbloquear la reforma. En apenas una semana, la Comisión de Justicia dio luz verde al texto, que ahora encara su última votación en la Cámara Baja antes de pasar al Senado para completar su tramitación legislativa.

Todo apunta a que en el Pleno se reproducirá la fractura política ya evidenciada en comisión. Mientras socialistas, populares, Vox, PNV y Junts respaldan el endurecimiento de las penas, Sumar y varios socios progresistas mantienen su rechazo frontal a una norma que consideran excesivamente punitiva.

Cambios clave

La reforma introduce modificaciones relevantes en los delitos de hurto y estafa. En los casos en que lo sustraído no supere los 400 euros, se establece una multa de entre uno y tres meses. No obstante, cuando el autor haya sido condenado previamente por al menos tres delitos menos graves, la pena podrá elevarse hasta entre uno y tres años de prisión.

Además, se incorpora un agravante específico para los hurtos de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que contengan datos personales, una medida que busca responder al impacto social de este tipo de delitos. Esta agravación no se aplicará, sin embargo, a los robos de dispositivos nuevos en comercios.

Otra de las modificaciones amplía la multirreincidencia a determinados supuestos de estafa con ánimo de lucro, siempre que exista engaño suficiente para inducir a error a la víctima. En estos casos, los jueces deberán valorar factores como la cantidad defraudada, el perjuicio económico causado, la relación entre las partes y los medios utilizados para cometer el delito.

La reforma también habilita a los tribunales a imponer medidas cautelares más restrictivas, como la prohibición de acceder a determinadas zonas, barrios, municipios o incluso comunidades autónomas, así como órdenes de alejamiento o incomunicación con personas concretas.

Por último, una enmienda acordada entre PP, PNV y Junts introduce penas de prisión de entre uno y cinco años para el conocido como “petaqueo”, el suministro de combustible a embarcaciones del narcotráfico, castigando la adquisición, transporte o almacenamiento de carburante de forma temeraria y contraria a la normativa vigente.

Rechazo en la izquierda

Durante el debate en la Comisión de Justicia, Junts defendió que la reforma pretende dar respuesta al malestar ciudadano por los delitos reiterados y la sensación de abandono institucional. El PSOE sostuvo que el texto recoge una demanda social creciente, mientras que el PP habló de combatir la impunidad y la alarma social.

Vox celebró el aumento de la severidad penal, y el PNV insistió en que el endurecimiento contra la multirreincidencia responde a una reclamación transversal de distintos sectores políticos y sociales.

En el lado contrario, Sumar votó en contra alegando que la reforma supone una deriva punitivista orientada únicamente a satisfacer las exigencias de Junts. Bildu denunció que el texto no es proporcional ni eficaz desde el punto de vista garantista, y Podemos alertó de que alimenta discursos racistas y xenófobos vinculados a la criminalización de determinados colectivos.

ERC optó por la abstención, advirtiendo de que la norma genera expectativas que, a su juicio, difícilmente se verán reflejadas en una mejora real de la seguridad.

La votación final en el Pleno se presenta así como una nueva prueba de fuego para la cohesión del bloque de investidura y para la relación entre el PSOE y su socio de coalición, en un debate que combina presión social, exigencias parlamentarias y una profunda discrepancia ideológica sobre el enfoque penal.