El Pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado el impuesto complementario a las grandes energéticas y lo ha hecho con los votos a favor de Junts y Partido Nacionalista Vasco (PNV) a una enmienda introducida por el Partido Popular al paquete fiscal del Gobierno. Un varapalo que se enmarca en la nueva relación que los conservadores quieren abrir con los de Carles Puigdemont después de que éstos dieran un golpe sobre la mesa el pasado lunes.
De nada sirvió el esfuerzo de aquellas jornadas maratonianas y negociaciones con litros de café en la madrugada que mantuvo el Gobierno con la mayoría de la investidura para que su paquete fiscal bordeara el veto de la comisión de Justicia y se remitiese a Pleno. El Congreso dio su visto bueno con el apoyo de todas las fuerzas que auparon a Sánchez a La Moncloa y se remitió al Senado. Sin embargo, en la Cámara Alta, el Partido Popular pactó con Junts algunas enmiendas que serían revisadas en la jornada de este jueves por la Cámara Baja.
Una de ellas era la enmienda 55, sobre la que el Partido Popular apostó todas sus esperanzas para esta jornada. Los de Feijóo estaban pendientes de la votación, máxime después de que Junts y PNV avanzaran su apoyo a una modificación que anula el impuesto a las energéticas del Gobierno. No obstante, el gravamen caduca el 31 de diciembre y deja la puerta abierta a la posibilidad de que el Ejecutivo acuda a la vía del real decreto para salvarlo. Sin embargo, con las posiciones de los nacionalistas catalanes y vascos fijadas, el margen de maniobra se estrecha hasta límites insospechados, por lo no podría ser convalidado y correría la misma suerte que el actual.
Punto de fricción
El acuerdo de las enmiendas dejaba al paquete fiscal al borde del abismo y así ocurrió. Partido Popular, Vox, PNV y Junts han sumado sus votos para derogar el impuesto a las energéticas. El PNV ha advertido que ellos no han negociado nada con el PP, y así lo han confirmado entre bambalinas los propios conservadores, al tiempo que matizaban que con quién sí se han tenido contactos del más alto nivel ha sido con los neoconvergentes.
Y es que la renovación del gravamen ha sido la principal fricción para la aprobación del paquete fiscal durante toda su tramitación. Un tótum revolutum mediante el cual el Gobierno esperaba dar las primeras puntadas a los Presupuestos Generales del Estado para el 2025. PNV y Junts se negaron a respaldar la reforma de Hacienda en comisión, pero como contrapartida aceptaban que el impuesto a la banca fuera permanente. El departamento de María Jesús Montero lo excluyó del paquete, mientras sofocaba las iras de las fuerzas de izquierdas y los soberanistas, a quienes calmó con el compromiso de crear una comisión para el diseño del tributo.
Las primeras señales llegaron el pasado miércoles con la ausencia de PNV y Junts a la cita inaugural el pasado miércoles. Una semana después, se empezaba a intuir la caída del impuesto en una segunda reunión a la que también faltó Podemos al entender que la negociación sería incompleta. Y así ha sido. Las fuerzas soberanistas y de izquierdas calentaban los prolegómenos de la votación con la incógnita del PNV, a quien empezaban a señalar como cómplice necesario de las derechas españolas. Entre tanto, los jeltzales se defendían a través de la voz de Aitor Esteban, quien durante el debate fijó posición y mandó camino al cadalso el gravamen.
Poco después llegaría el rejonazo definitivo vía Junts. La portavoz de los neoconvergentes en Madrid, Miriam Nogueras, anunciaba su voto favorable a la enmienda 55 del PP. La dirigente independentista se escudaba en que no pondrían en riesgo "ni a los trabajadores del campo de Tarragona, ni las inversiones estratégicas en Catalunya, ni las competencias" de la Generalitat. Así, Nogueras emplazaba a PSC y ERC a explicar "por qué ponen en riesgo todo eso a cambio de un titular y una enmienda que saben que es fake".
Tensiones periféricas
El último Pleno del año ha herido a la mayoría de la investidura. El voto favorable de Junts y PNV ha fracturado aún más el bloque, con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, además del BNG, arremetiendo en conjunto contra los nacionalistas. Tras concluir el pleno, fuentes parlamentarias cercanas al frente soberanista advierten de que lo sucedido en el Hemiciclo estaba previsto en las negociaciones con Hacienda. Es decir, hay un plan B y ese es a través de un Real Decreto Ley. "Se va a garantizar", resumen con confianza estas voces, convencidas de que hay mucho margen para su convalidación en la Cámara Baja.
Al mismo tiempo, advierten de un posible escenario de "inseguridad jurídica o desajuste" en las previsiones de empresas a las que afectaba el gravamen. "Consideramos grave que estas dos formaciones se presten a apuntalar reforzar las estrategias e intereses de la derecha española", esgrimen. Por ello, acotan que será entonces responsabilidad de quien "da apoyo" a la enmienda 54. En paralelo, destacan que el real decreto ley que se aprobará el lunes con el tipo impositivo proviene de un acuerdo con Hacienda que se hizo público hace semanas, por lo que la patata caliente ahora la tiene el departamento de María Jesús Montero.
La pelota, en el tejado de Moncloa
La visión en el departamento de Hacienda, en cambio, es bien distinta a la de los socios soberanistas. Tenían claro desde el minuto 1 que el problema no vendría este jueves, sino con la convalidación del eventual real decreto ley. Lo que hace el resultado de la votación de la enmienda 54 no hace sino reforzar la tesis del Ejecutivo de la imposibilidad de implementarlo, habida cuenta de que para salir victoriosos necesitarían de los votos de PNV y Junts.
El miércoles reiteró su compromiso a cumplir con lo acordado con ERC, Bildu y BNG para prorrogar el impuesto vía real decreto, pero el corrimiento de placas tectónicas de este jueves lo convierte en un ejercicio de equilibrismo de extrema dificultad.