El Gobierno no tiene asegurados los votos para superar la votación que salve la prórroga de los alquileres impulsada por Sumar, y más después de que Junts haya confirmado su rechazo a la medida.
Los neoconvergentes ya habían indicado que en los términos en los que estaba planteado el texto no podían respaldarlo y ahora lo vuelven a confirmar. Esperando la posición del PSOE, desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha abierto a algunos de los cambios que exigen los independentistas, poniéndolos sobre la mesa y señalando que no dependen, en todo caso, de sus departamentos. “Hay algunas matizaciones sobre la prórroga en sí misma que son aceptables, alguna medida fiscal que no es nuestro modelo, pero que con la prórroga en vigor podría merecer la pena. Y luego [Junts] ha planteado la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos para quienes facturan por debajo de determinados umbrales”, ha dicho en este sentido.
Por su parte, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha remarcado en rueda de prensa que estas cuestiones "no deben ser un obstáculo para la convalidación": "Las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga de los contratos, estamos dispuestos a transitarlas. Queremos hacer un llamamiento tanto a Junts como al PSOE a que hagamos posible esta convalidación mañana".
Sin embargo, cuando restan apenas 24 horas para que el decreto se someta a votación en la Cámara Baja, los neoconvergentes se reafirman en la postura ya reflejada hace semanas. “El RDL que mañana va a pleno, que no se puede modificar, no lo convalidaremos, como hemos dicho desde el primer día”, informan fuentes de Junts. “El Gobierno sabe lo que planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada. Las declaraciones de hoy de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE? ¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios?”, añaden estas fuentes.
Frente a esta negativa de los de Carles Puigdemont, el titular de Derechos Sociales se mantiene en la senda de la confianza y, a su juicio, “podrían darse las condiciones perfectamente de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo”. “Nosotros esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha insistido Bustinduy. En línea con ello, el responsable del ramo insiste en que desde la cartera esperan que pueda sellarse dicho pacto. “Hay tres millones de personas que ven peligrar un derecho que hemos aprobado para poder prorrogar sus contratos (...) Es una medida que no va contra nadie y que sí le supone un cambio esencial, un alivio esencial para la vida cotidiana, para tres millones de personas. Y, por tanto, nosotros confiamos en que en las horas que quedan haya voluntad política suficiente para que se pueda cerrar ese acuerdo”, ha añadido.
En líneas similares se ha expresado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien este mismo sábado anunciaba que se presentará a las primarias de Más Madrid para liderar la formación de cara a las elecciones autonómicas. Así, la titular de Sanidad confía en el acuerdo, pero advierte de que si los populares votan en contra por mantener el pulso al Gobierno central, irán “en contra de los ciudadanos y ciudadanas”.
Por su parte, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha calificado el decreto como “una medida de mínimos” y señala que tienen “la obligación de intentar por todos los medios negociar con PP, Vox y Junts una medida que creemos que es justa”, pese a reconocer que esta negociación “es escasa” y que “hay poco margen”. Al hilo de ello, también se ha pronunciado Ione Belarra, líder de Podemos, quien ha sostenido que “todo el mundo es consciente de que este real decreto es muy probable que caiga”. “Hacer política tiene que ver con hacer justicia a la realidad. El Gobierno tiene que preparar un plan B para proteger a los inquilinos”, ha agregado.