El juez Juan Carlos Peinado redobla su ofensiva contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la enviará ante un jurado popular acusada de malversación de fondos púbicos en caso de que sea juzgada. Junto a ella, el magistrado sienta en el banquillo a su asistente y al Delegado del Gobierno en Madrid.
En un auto en el que Peinado no detalla los hechos que atribuye a la esposa del líder del Ejecutivo, según adelanta elDiario.es, el juez también cita a su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martínez.
Los tres deberán acudir a lo que se conoce como 'vistilla' el próximo sábado mientras Peinado espera ya dejar la causa lista para juicio.
El magistrado, cuya forma de llevar la investigación ha generado mucha controversia, justifica el último paso apoyándose en que la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a continuar analizando los movimientos de Gómez.
Asimismo, mantiene que hace una semana recibió los mensajes que Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la UCM, cruzó con Álvarez, entendiendo ya que “se cumple con el requisito de la verosimilitud e los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta”, según el documento.
El nuevo escenario en el que se mueve la causa tendrá lugar el próximo sábado a las 18:00 horas. Entonces, se deberán juntar los tres imputados para que se concrete la imputación que pesa sobre cada uno de ellos, hecho necesario en los casos que van a juzgarse ante un tribunal del jurado.
Para proceder de esta manera, el instructor invoca al artículo 25 de la ley del jurado, que recoge que “incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al tribunal del jurado, el juez de instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Al tiempo de la citación, dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite, si no se hubiese efectuado con anterioridad”.
En estos momentos, todavía quedan recursos pendientes de resolver; y antes de enviar a juicio falta el auto de apertura de juicio oral. La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente de resolver varios recursos contra el magistrado, tanto en lo relativo a la investigación principal como a esta pieza separada de malversación, que discurre al margen por presunto delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.