En total, fueron más de cuatro décadas las que Manuel García-Castellón pasó ejerciendo como juez, siendo en esos años titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. El magistrado no pasó desapercibido durante su carrera profesional en los tribunales, sino que llegó a recibir atención mediática por la notoriedad que adquirieron casos como el de la Operación Kitchen o Tsunami. Una larga trayectoria que extendió hasta cumplir los 72 años, momento en el que se vio obligado a jubilarse.
No obstante, García-Castellón no quería desligarse del mundo de la Justicia y los tribunales, así que, tras verse forzado a abandonar su posición de magistrado, decidió adentrarse en la abogacía, dándose de alta como letrado escasas semanas después de tener que dejar el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. Aquello ocurrió en el 2024, decidiendo ubicar su despacho como letrado, al menos la dirección profesional que hay que facilitar al Colegio de Abogados de Madrid, en la sede de la empresa Plus Ultra, la cual está siendo investigada a día de hoy.
Según ha publicado Infolibre tras contactar con García-Castellón, el que fuera juez de la Audiencia Nacional eligió esta dirección profesional cuando se tornó abogado porque "no quería hacer constar su domicilio", aprovechando así su amistad de "30 años" con el empresario Julio Martínez Sola quien, tal y como señala el juez, le ofreció la posibilidad de usar la sede de Plus Ultra para completar esta información que debía de aportar al Colegio de Abogados.
De esta manera, tal y como el propio García-Castellón indicaba en su ficha, su despacho pasaba a estar ubicado en el llamativo edificio en el que se encontraban las oficinas de la aerolínea. Concretamente, en la localidad madrileña de Alcobendas, a escasos metros de la sede de Telefónica. Unas oficinas en las que se personaron los agentes de la UDEF el pasado 11 de diciembre para registrar estas dependencias de Plus Ultra en el marco de la investigación abierta, en la cual se ha señalado como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero.
Una extensa carrera judicial que abordó algunos de los casos más sonados del país
García Castellón ingresó en la carrera judicial en la década de 1970 y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la Audiencia Nacional (AN), donde ejerció como juez instructor en numerosas investigaciones de gran complejidad. Entre 2000 y 2017 desempeñó además funciones como juez de enlace de España en Francia e Italia, reforzando la cooperación judicial internacional. Tras su regreso a los tribunales de la AN, asumió algunas de las causas más relevantes de la vida política y judicial española.
Entre los casos más mediáticos que instruyó destaca la Operación Púnica, centrada en una extensa trama de corrupción vinculada a cargos públicos del Partido Popular y empresarios. También dirigió el Caso Lezo, relacionado con presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II durante la etapa de Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid. Otra de sus investigaciones de mayor repercusión fue el Caso Villarejo, que examinó las actividades empresariales y presuntamente ilícitas del excomisario y dio lugar a numerosas piezas separadas.
En el ámbito del terrorismo, investigó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y, en los últimos años de su carrera, instruyó la causa sobre Tsunami Democràtic, relacionada con las protestas independentistas catalanas de 2019. Este procedimiento tuvo una gran repercusión política y jurídica y terminó archivado en 2024 por motivos procesales. García-Castellón se jubiló ese mismo año tras más de cuatro décadas de carrera judicial, dejando una trayectoria marcada por la instrucción de algunos de los asuntos más relevantes y controvertidos de la España reciente.
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