Italia y Alemania lideran la presión contra España y vinculan la regularización con la crisis de Ceuta

Después de que Pedro Sánchez enviara a Bruselas una carta para transmitir su preocupación sobre la reacción "egoísta e ilegal" de varios socios europeos, Italia, Alemania y otros veinte Estados miembros han elevado la presión sobre España tras la crisis migratoria de Ceuta. En una misiva, sus líderes relacionan las llegadas masivas con la política española de regularización y con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita los rechazos inmediatos de quienes alcanzan territorio nacional a nado.

La misiva presenta ambas decisiones como posibles “factores de atracción” y sostiene que la resolución judicial habría sido aprovechada para desencadenar la entrada y abusar del sistema europeo de migración y asilo. Los firmantes no aportan, sin embargo, pruebas de que la regularización haya provocado directamente la movilización de unas 50.000 personas desde Marruecos, una tesis rechazada por el Gobierno español.

Los líderes advierten de que la Unión no puede transmitir la impresión de que acceder irregularmente a su territorio permite obtener después una estancia legal. A su juicio, esa percepción estimularía nuevos intentos, debilitaría la confianza en la política migratoria común y tendría consecuencias para todos los socios, incluso aunque no se hayan detectado desplazamientos no autorizados desde Ceuta hacia la Europa continental.

La carta está suscrita por Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Sus gobiernos reclaman una actuación conjunta para reforzar las fronteras exteriores, acelerar los retornos y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas.

La amenaza de nuevos controles interiores

Los firmantes se muestran dispuestos a reforzar o reintroducir controles temporales en las fronteras interiores ante el supuesto riesgo de movimientos secundarios. La advertencia llega después de que el Gobierno de Giorgia Meloni anunciara controles sobre viajeros no comunitarios procedentes de España y planteara medidas más severas dentro del espacio Schengen.

La ofensiva resulta especialmente controvertida porque Ceuta no está integrada en el espacio Schengen y el Ejecutivo español asegura haber retornado a Marruecos a prácticamente todas las personas que entraron irregularmente. Tampoco consta, hasta el momento, una salida significativa de migrantes hacia la Península o hacia otros Estados miembros que justifique una reacción preventiva de semejante alcance.

Francia se ha desmarcado claramente. Su ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha descartado una suspensión de España y ha reivindicado la cooperación bilateral en materia migratoria. Irlanda, Luxemburgo y Portugal tampoco se han sumado a la carta, por lo que la respuesta comunitaria dista de ser unánime.

Los veintidós gobiernos celebran la cooperación entre España y Marruecos para facilitar los retornos y confían en que la situación quede completamente controlada. También solicitan a la Presidencia irlandesa del Consejo una videoconferencia urgente de los ministros del Interior para evaluar la crisis y coordinar medidas.

Sánchez denuncia una respuesta "asimétrica"

La petición coincide con la remitida horas antes por Pedro Sánchez a la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Presidencia irlandesa. El jefe del Ejecutivo acusó a quienes han atacado a España de actuar movidos por prejuicios, desinformación, desconocimiento o intereses políticos.

Sánchez considera contrarias al derecho europeo y a la solidaridad comunitaria las propuestas para excluir temporalmente a España de Schengen. Moncloa insiste en que el control fronterizo fue restablecido en menos de 48 horas y que se evitó cualquier desplazamiento posterior no autorizado hacia el continente.

El Gobierno también rechaza que las personas llegadas a Ceuta puedan beneficiarse de la regularización. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado que quienes accedieron de manera irregular no tienen ninguna opción de acogerse a ese proceso y ha calificado de egoísta, insolidaria y poco responsable la respuesta de algunos socios.

Ursula von der Leyen ha acogido favorablemente la posibilidad de celebrar una reunión extraordinaria y ha defendido una contestación europea unida. La presidenta de la Comisión ha valorado el retorno de la gran mayoría de quienes cruzaron, aunque también ha pedido extraer lecciones y reforzar la resistencia del sistema común de fronteras.

Por ahora, la Presidencia irlandesa solo ha confirmado una reunión del mecanismo europeo de respuesta política a las crisis y otro encuentro de los embajadores de los Veintisiete el lunes. La videoconferencia de ministros del Interior reclamada tanto por Sánchez como por los veintidós firmantes todavía no ha sido convocada.