El incendio pone contra las cuerdas a Ayuso en el PP de Madrid: Feijóo, al rescate de una presidenta “anulada”

El incendio de la Sierra Oeste de Madrid – el “peor en la historia” de la región – ha abierto un frente inesperado en el Partido Popular regional, especialmente para la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dirigentes y responsables de la sucursal conservadora ponen en tela de juicio la reacción de la baronesa madrileña y la reacción política de su Ejecutivo ante una emergencia que obligó a solicitar la intervención directa del Estado, según una información publicada por el medio digital El Constitucional.

El malestar quebranta la disciplina férrea que ha imperado en el PP de Madrid. O dicho de otro modo, el consenso de liderazgo que proyectaba la presidenta de la Comunidad de Madrid. Todo eso es cosa del pasado. Al menos por el momento. Las críticas no se dirigencontra los bomberos, policías o personas que trabajan cara a cara frente a la amenaza visible de las llamas, sino contra la capacidad de la Puerta del Sol para coordinar la respuesta, informar a los ayuntamientos afectados y mantener la iniciativa en los momentos más graves de una emergencia que está lejos de sofocarse.

Según las fuentes consultadas por el medio en cuestión, se describe la imagen de Ayuso como el de una lideresa “totalmente anulada y sin saber reaccionar”. Aseguran, al mismo tiempo, que la dirección nacional del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha tenido que intervenir y ayudarla en la toma de decisiones. Algunas de esas voces incluso llegan a advertir que la crisis del incendio de la Sierra Oeste podría marcar un punto de inflexión en su liderazgo. Sobre todo de cara a una futura batalla intestina por el control del PP. “Esto será su final”, barruntan.

No es ningún secreto que Ayuso ha mantenido el orden interno en el PP de Madrid durante más de dos legislaturas, proyectando la imagen de una líder con mano de hierro que genera consenso entre los suyos. De hecho, incluso su narrativa guerracivilista con el Gobierno de Pedro Sánchez ha condicionado la política y el relato de Génova, capitalizando respuestas más duras que las defendidas por la dirección nacional del partido.

Ayuso y MAR, señalados

La información publicada por El Constitucional sostiene que Feijóo y su equipo han comenzado a participar en la gestión política ante el desconcierto detectado en el Ejecutivo autonómico. El movimiento alteraría la relación habitual entre ambas direcciones: hasta ahora, la baronesa madrileña había conservado un amplio margen para controlar su agenda y su estrategia de comunicación. El enfado interno alcanza también al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo. Las voces citadas consideran que la dirección política de las emergencias llevaba tiempo debilitada y esperaban una respuesta más firme de quien, además, cuenta con experiencia profesional como bombero.

Miguel Ángel Rodríguez tampoco queda al margen de los reproches. El jefe de Gabinete de Ayuso ha sido durante años el principal arquitecto de su estrategia mediática, pero los críticos sostienen que su capacidad para dominar el relato no ha servido para resolver una crisis eminentemente operativa. La intensa distribución de comunicados, vídeos e imágenes desde la Comunidad ha sido interpretada por estos sectores como un intento de compensar los problemas de coordinación.

Los alcaldes populares de las localidades afectadas serían otro de los focos de malestar. Según la información publicada, algunos regidores permanecieron durante horas esperando instrucciones mientras los servicios municipales, los cuerpos de seguridad y los equipos de emergencia organizaban evacuaciones y atendían a los vecinos.

La emergencia terminó por superar el ámbito autonómico. Ayuso solicitó elevar la crisis a la Situación Operativa 3 y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila. Desde ese momento, Interior asumió la dirección estratégica y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias quedó al frente de las operaciones. La decisión se justificó por la coincidencia de varios incendios, las condiciones meteorológicas adversas, las evacuaciones, la amenaza sobre los municipios y la necesidad de coordinar medios pertenecientes a distintas administraciones.

La amenaza a los bomberos forestales

La fractura política coincide con el conflicto abierto entre la Comunidad y un grupo de unos 60 bomberos forestales. Los trabajadores denunciaron que llevaban varios días en la Dirección General de Emergencias sin vehículos, herramientas ni instrucciones para incorporarse a la extinción, y comunicaron que acudirían por sus propios medios a sus parques ante el avance del fuego.

La situación tiene su origen en una disputa laboral más amplia. Los profesionales reclaman que se les aplique la legislación estatal aprobada en 2024, el reconocimiento formal de su categoría, estabilidad durante todo el año y complementos vinculados a la peligrosidad y la dureza de sus funciones. Algunos todavía figuran contractualmente bajo categorías ajenas a la extinción, como conductores o personal de mantenimiento.

El Gobierno madrileño respondió acusando al colectivo de impulsar una “estrategia de chantaje” durante la emergencia y anunció que estudiaría todas las vías administrativas y jurídicas para depurar responsabilidades. Puerta del Sol sostiene que los trabajadores conocían sus destinos, debían incorporarse directamente a sus bases y pudieron dificultar la organización del dispositivo.

Los bomberos niegan esa versión y aseguran que no recibieron los medios necesarios para desplazarse. La amenaza de posibles acciones legales contra quienes trataban de sumarse a la extinción ha añadido otro elemento de desgaste a una gestión ya cuestionada desde la oposición y, según la exclusiva, también desde el interior del PP.

Ayuso ha acudido al puesto de mando, se ha reunido con alcaldes y ha comparecido públicamente durante la emergencia. Sin embargo, esas apariciones no han evitado que surjan dudas internas sobre la preparación de su equipo para responder a una catástrofe de esta magnitud. Mientras el Estado conserva el mando operativo y Génova participa en las decisiones políticas, el cierre de filas que protegía a la presidenta empieza a mostrar sus primeras fisuras.