El Gobierno ha decidido situar la trayectoria de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo como principal aval de la candidatura española para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La vicepresidenta segunda concurrirá a la elección del máximo órgano ejecutivo del organismo especializado de Naciones Unidas con un balance de gestión marcado por las reformas laborales, el fortalecimiento del diálogo social y la ampliación de los derechos de los trabajadores, pilares sobre los que Moncloa sustenta su aspiración de colocar, por primera vez, a una española al frente de la institución internacional.
Desde su llegada al Gobierno en enero de 2020, Díaz ha convertido el Ministerio de Trabajo en uno de los departamentos con mayor actividad legislativa. Su estreno coincidió con el estallido de la pandemia, una crisis que obligó a diseñar un amplio escudo laboral para evitar una destrucción masiva de empleo.
La ministra impulsó la generalización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), prorrogados mediante sucesivos acuerdos entre sindicatos y organizaciones empresariales, al tiempo que promovió la prohibición temporal de los despidos vinculados a la COVID-19, nuevas prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos y empleadas del hogar, mecanismos específicos de protección para los trabajadores fijos discontinuos y la aprobación de la Ley del Trabajo a Distancia, que reguló por primera vez el teletrabajo de forma estable.
El principal hito de su mandato llegó a finales de 2021 con la aprobación de la reforma laboral, fruto de un acuerdo entre el Gobierno, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. La modificación del mercado laboral limitó la contratación temporal, reforzó el contrato indefinido y el fijo discontinuo, recuperó la ultraactividad de los convenios colectivos, devolvió prioridad al convenio sectorial en materia salarial y creó el mecanismo RED para facilitar ajustes temporales de empleo sin recurrir al despido. El Ejecutivo sostiene que estas medidas han contribuido a reducir la temporalidad hasta mínimos históricos y a alcanzar cifras récord de afiliación.
Otra de las políticas que ha definido la gestión de Díaz ha sido la revalorización continuada del Salario Mínimo Interprofesional. Desde los 950 euros fijados en 2020 hasta las posteriores actualizaciones, el SMI ha registrado el mayor incremento acumulado de la etapa democrática, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la acción del Ministerio.
La regulación de las plataformas digitales constituyó otro de los proyectos emblemáticos. La denominada Ley Rider estableció la presunción de laboralidad para los repartidores de plataformas digitales, obligó a introducir mecanismos de transparencia sobre los algoritmos utilizados por estas empresas y reforzó la actuación de la Inspección de Trabajo frente a los falsos autónomos.
Precisamente, el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo ha sido otra de las líneas estratégicas del departamento durante estos años. Los planes de lucha contra el fraude laboral, el control de las horas extraordinarias no remuneradas, la persecución de la contratación temporal irregular y la incorporación de herramientas de análisis masivo de datos han buscado intensificar la vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral.
Durante la legislatura también se aprobó la reforma del subsidio por desempleo, que amplió la cobertura, incrementó las cuantías iniciales, facilitó su compatibilidad parcial con el empleo y simplificó los procedimientos administrativos para los beneficiarios.
El impulso a la economía social ha ocupado igualmente un lugar destacado mediante la Estrategia Española de Economía Social, el refuerzo de cooperativas y sociedades laborales, el desarrollo del PERTE de Economía Social y de los Cuidados y distintos programas de emprendimiento colectivo.
Entre las iniciativas todavía pendientes figura el Estatuto del Becario, negociado durante varios años con el objetivo de limitar las prácticas abusivas, impedir que los becarios sustituyan puestos estructurales de trabajo y reconocerles nuevos derechos durante su formación.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial se ha convertido, además, en la principal bandera política de Díaz durante la presente legislatura. El proyecto, ya aprobado por el Consejo de Ministros, incorpora un registro horario digital, refuerza el derecho a la desconexión y permanece pendiente de obtener los apoyos suficientes en el Congreso para culminar su tramitación parlamentaria.
En paralelo, el Ministerio ha impulsado nuevas medidas de conciliación familiar, ampliando permisos laborales y desarrollando los derechos derivados de las directivas europeas, al tiempo que ha reforzado los planes de igualdad en las empresas, las auditorías salariales y los mecanismos de transparencia retributiva para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
La seguridad y salud en el trabajo también ha experimentado una actualización mediante una nueva estrategia estatal orientada a reforzar la prevención, incorporar los riesgos psicosociales y revisar el catálogo de enfermedades profesionales.
Tras la DANA registrada en 2024, el Ejecutivo promovió además la creación del denominado permiso climático, que permite ausentarse del trabajo con carácter retribuido durante un máximo de cuatro días cuando las condiciones meteorológicas impidan acudir al puesto de trabajo.
El ámbito cultural ha protagonizado igualmente una parte de las reformas impulsadas por Díaz mediante el desarrollo del Estatuto del Artista, con mejoras para artistas, técnicos y personal auxiliar, nuevas garantías para menores, la incorporación de coordinadores de intimidad en determinadas producciones, medidas de prevención frente al acoso y una actualización de una regulación que permanecía prácticamente inalterada desde 1985.
En materia de trabajo autónomo, el Ministerio desplegó el nuevo sistema de cotización por ingresos reales e introdujo incentivos específicos para el autoempleo y la economía social, mientras que en el plano internacional promovió la ratificación de diversos convenios de la OIT relacionados con la violencia y el acoso en el trabajo, el empleo doméstico o el trabajo en sectores específicos.
El denominador común de toda esta etapa ha sido el diálogo social. Según subraya el Gobierno, durante estos seis años el Ministerio de Trabajo ha alcanzado alrededor de una treintena de acuerdos con sindicatos y organizaciones empresariales, una metodología que Moncloa considera uno de los principales activos de la candidatura española.
Ese balance constituye ahora la principal carta de presentación de Yolanda Díaz ante la comunidad internacional. Si finalmente resulta elegida, se convertiría en la primera mujer y la primera española en asumir la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo, un proceso en el que deberá competir previsiblemente con el actual director general, el togolés Gilbert F. Houngbo, cuyo mandato concluye en octubre de 2027 y que previsiblemente optará a la reelección.
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