La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Mónica García hace tiempo que dejó de ser una mera discrepancia política. Convertidas en las dos principales referencias de la derecha y la izquierda madrileña (con permiso de Mar Espinar y Manuel Bergerot), su enfrentamiento personal sobrevivió al salto de García al Gobierno de España como ministra de Sanidad en noviembre de 2023 y continúa marcando buena parte del debate político entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central.
Lo que comenzó como una intensa confrontación parlamentaria durante la pandemia de la COVID-19 se ha trasladado ahora al plano institucional. Las diferencias sobre política sanitaria, la gestión de las residencias, la ampliación de los programas de cribado del cáncer de mama, la futura Ley Antitabaco o las recientes Conferencias de Presidentes han convertido a ambas dirigentes en protagonistas de algunos de los episodios de mayor tensión política de los últimos meses.
La última escena de esa rivalidad se produjo durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona. En el saludo institucional previo al inicio del encuentro, Ayuso rechazó el habitual intercambio de dos besos con la ministra de Sanidad y optó por mantener las distancias. Según trasladó posteriormente la presidenta madrileña, su negativa respondía a las acusaciones que, a su juicio, desde hace años vienen formulando dirigentes de Más Madrid sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.
Horas antes, una diputada de Más Madrid había acusado en la Asamblea regional a Ayuso de haber "firmado sentencias de muerte" en referencia a los protocolos de derivación aplicados durante la primera ola de la COVID-19, un asunto que continúa siendo objeto de procedimientos judiciales. Desde la Puerta del Sol consideraron esas declaraciones "inadmisibles" y justificaron la frialdad mostrada por la presidenta durante el saludo institucional.
Por su parte, Mónica García negó haber calificado personalmente de "asesina" a la presidenta madrileña y defendió que las críticas formuladas por ella y por su formación política se han centrado en exigir responsabilidades políticas por la gestión de las residencias y reclamar el esclarecimiento judicial de los hechos.
Ese episodio visualizó una tensión política que lleva años acumulándose.
Una rivalidad nacida en la Asamblea
El origen del enfrentamiento se remonta a la legislatura iniciada en 2019, cuando Mónica García ejercía como portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional y se consolidó como principal referente de la oposición a Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia.
Los debates parlamentarios sobre la gestión sanitaria, el refuerzo de la Atención Primaria, las listas de espera o la situación de las residencias fueron endureciendo progresivamente el tono entre ambas dirigentes. En numerosas sesiones plenarias se intercambiaron acusaciones de falta de responsabilidad política, mientras el Ejecutivo madrileño denunciaba que la oposición utilizaba la pandemia con fines partidistas.
Uno de los momentos más tensos tuvo lugar en octubre de 2023, cuando un enfrentamiento durante un pleno terminó con un intercambio de descalificaciones que incrementó todavía más la distancia política entre ambas dirigentes. Desde entonces, los contactos institucionales entre ambas han sido prácticamente inexistentes.
Del Parlamento regional al Consejo de Ministros
El nombramiento de Mónica García como ministra de Sanidad tras la formación del Gobierno de coalición no redujo la confrontación. Al contrario, la trasladó al ámbito de las relaciones entre administraciones.
Desde el Ministerio de Sanidad se han impulsado diversas iniciativas que han encontrado una fuerte oposición por parte del Ejecutivo madrileño, mientras la Comunidad de Madrid ha acusado en varias ocasiones al departamento ministerial de utilizar decisiones sanitarias con una finalidad política.
Uno de los primeros choques se produjo con motivo de la gestión del hantavirus detectado en España. Mientras el Ministerio defendía la coordinación técnica desarrollada con las comunidades autónomas, desde el Gobierno regional se criticó la actuación del departamento de García y se reclamó una mayor transparencia informativa.
Posteriormente, ambas administraciones volvieron a discrepar públicamente por las recomendaciones sobre el consumo de alcohol, después de que Ayuso acusara al Ministerio de "banalizar" determinados mensajes relacionados con los hábitos saludables y el Ejecutivo central defendiera campañas de prevención basadas en criterios científicos.
El enfrentamiento por los cribados de cáncer de mama
La última controversia sanitaria se ha producido tras la decisión del Ministerio de Sanidad de ampliar el programa poblacional de cribado de cáncer de mama para incluir de forma progresiva a mujeres de entre 45 y 74 años.
La medida fue aprobada por la Comisión de Salud Pública, órgano en el que participan el Ministerio y las comunidades autónomas, después de evaluar informes elaborados por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS), recomendaciones del Consejo de la Unión Europea y la evidencia científica disponible, que apunta a que alrededor del 10 % de los diagnósticos de cáncer de mama se producen en mujeres menores de 50 años.
El Ministerio calcula que la ampliación supondrá una inversión cercana a los 534 millones de euros hasta 2029, aunque precisa que el coste final será inferior porque varias comunidades ya habían comenzado a extender estos programas de manera progresiva.
La Comunidad de Madrid respondió recordando que el Gobierno regional había anunciado meses antes la ampliación del programa autonómico de cribados para ese mismo tramo de edad y acusó al Ministerio de apropiarse de una iniciativa ya prevista por la administración madrileña.
Desde Más Madrid rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la incorporación definitiva de estas prestaciones al Sistema Nacional de Salud corresponde a órganos técnicos del Ministerio, que evalúan la evidencia científica antes de modificar la cartera común de servicios. En la misma línea, fuentes del departamento dirigido por Mónica García defendieron que las ampliaciones se realizan siguiendo informes externos y criterios de garantía científica comunes para todas las comunidades autónomas.
La Ley Antitabaco reabre el choque político
Otra de las iniciativas impulsadas por el Ministerio que ha generado un nuevo enfrentamiento con el Gobierno madrileño ha sido la futura reforma de la Ley Antitabaco.
La propuesta contempla ampliar los espacios libres de humo y reforzar las medidas de prevención frente al tabaquismo. Ante las críticas recibidas desde distintos sectores políticos y sociales, Mónica García defendió públicamente la reforma mediante un mensaje difundido en redes sociales en el que argumentó que el objetivo de la norma no es incrementar la recaudación, sino reducir el consumo de tabaco y proteger la salud pública.
La ministra sostuvo que la evidencia científica avala el aumento de la fiscalidad como herramienta para disminuir el consumo, especialmente entre los jóvenes, recordó que la Organización Mundial de la Salud considera que no existe un nivel seguro de exposición al humo de segunda mano y defendió que la regulación busca proteger tanto a las personas fumadoras como al resto de la ciudadanía y a los trabajadores del sector hostelero.
Desde el Ejecutivo madrileño se cuestionó parte del enfoque de la reforma y se enmarcó la iniciativa dentro de una política excesivamente intervencionista del Gobierno central, prolongando así un enfrentamiento que ya trasciende el ámbito estrictamente sanitario.
Una batalla con horizonte electoral
Aunque ambas dirigentes ocupan hoy responsabilidades institucionales diferentes, la confrontación mantiene una clara dimensión política.
Más Madrid ya ha confirmado que Mónica García volverá a encabezar la candidatura de la formación a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas previstas para 2027, lo que situará nuevamente frente a frente a las dos protagonistas de una rivalidad que comenzó en los escaños de la Asamblea y que ahora se libra desde la Puerta del Sol y el Ministerio de Sanidad.
Entre tanto, asuntos como la gestión sanitaria, las residencias durante la pandemia, las políticas de salud pública o las competencias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas continúan alimentando un enfrentamiento que se ha convertido en uno de los ejes permanentes de la política madrileña y nacional. La evolución de las investigaciones judiciales relacionadas con las residencias, las nuevas iniciativas legislativas en materia sanitaria y el acercamiento del calendario electoral apuntan a que el pulso entre Isabel Díaz Ayuso y Mónica García seguirá ocupando un lugar destacado en la agenda política en los próximos meses.
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