El grupo ecologista Greenpeace asegura en uno de sus últimos informes que las cifras oficiales de reciclaje en España son falsas y que, por tanto, los ayuntamientos podrían estar recibiendo fondos irregulares por servicios que no están prestando.
Ante estas graves acusaciones, la Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC), ha enviado una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para conocer su versión de estas denuncias, si bien hasta ahora no han obtenido respuesta.
En su carta, ADAC se hace eco del informe Ecoembes miente: desmontando los engaños de la gestión de residuos de envases domésticos en el que se asegura que se miente “cuando se dice que se reciclan el 75% de los envases de plástico, ya que en realidad solo se recicla el 25%”.
En España son los propios ayuntamientos los que tienen las competencias en materia de residuos y, por tanto, quienes proporcionan esas cifras. Con estos datos, Ecoembes entrega a las entidades locales 500 millones al año correspondientes al trabajo de recogida y tratamiento de los residuos. Si las afirmaciones aportadas por Greenpeace son correctas y la cifra de reciclaje se situaría en el 25%, habría una diferencia de 330 millones de euros que los ayuntamientos estarían obteniendo de forma irregular.
Ante esto, ADAC ha insistido a la FEMP para que dé una respuesta y aclare si esta acusación es cierta y si, además, la federación tenía constancia de las acciones de sus asociados.
Una acusación que se produce al mismo tiempo que Greenpeace, junto a otras 15 asociaciones, ha denunciado al Estado español frente a la justicia europea por no cumplir con los objetivos de reciclaje marcados para 2020. En su denuncia las asociaciones ecologistas critican “la caótica situación de España en torno al reciclaje” así como “la dejadez del Gobierno de España, lo que pone en entredicho a los mismísimos sistemas integrados de gestión de residuos”.
Esta denuncia en las instituciones europeas ha servido a Greenpeace para situar al SDDR o Sistema de Depósito, Devolución y Retorno como solución a los problemas de reciclaje, “asegurando que supone un coste cero para la Administración”. Una afirmación que contradice varios informes como el primer informe de la Fundación para la Economía Circular u otro nforme de la propia FEMP en el que se cuantifica en aproximadamente 80 millones de euros la disminución de ingresos por parte de las entidades locales, así como la inversión inicial de 1.398 millones de euros en la puesta en marcha de este sistema.