El Gobierno vuelve a financiar un proyecto de defensa y seguridad de una empresa israelí

El Gobierno de coalición insiste en trasladar que España no contrata con empresas de defensa y seguridad israelís desde hace meses, pero las informaciones y documentación desmienten esta aseveración. El Ejecutivo mantiene relaciones comerciales con gigantes empresariales que colaboran directamente del genocidio desplegado contra la población palestina y cuyo principal accionista es el Estado ilegítimo de Israel. La última agraciada con dinero público de los españoles ha sido Pap Tecnos Innovación, la filial española del grupo israelí Rafael Advanced Systems, distribuidora de armamento de las tropas israelís y responsable de la quebrada cúpula de hierro.

España habría concedido un préstamo a esta compañía, según la información revelada este miércoles por El Mundo, para el desarrollo de un proyecto centrado en la defensa y seguridad del país. La cuantía asciende a los 305.973 euros, que financiaría 7 de cada 10 euros de la actuación, valorada en 426.502 euros. Además, la ayuda otorgada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permite el acceso a deducciones fiscales a la filial de Rafael Advanced Systems.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el departamento gestionado por Diana Morant y con el Ministerio de Defensa, por las derivadas en materia de seguridad del acuerdo, para conocer las motivaciones de concesión de este préstamo blando, que deberá ser devuelto por la empresa adjudicataria, pero ambas carteras se lavan las manos y derivan las responsabilidades al CDTI. En el momento de publicación de la noticia, este periódico no ha obtenido respuesta a las preguntas planteadas al organismo dependiente del Ministerio de Ciencia.

Más allá de las posibles explicaciones, lo cierto es que este préstamo y otros vínculos comerciales con el Estado genocida de Israel vulneran el objetivo del Real Decreto 10/2025 “por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”, pues resulta más que evidente que la financiación de filiales participadas mayoritariamente por empresas estatales israelís supone, a su vez, un engrosamiento económico de las arcas con las que el Gobierno de Benjamín Netanyahun financia el exterminio en Palestina y el Líbano.

“El Gobierno estima urgente y necesario la adopción de medidas extraordinarias que permitan prohibir las transferencias de materiales de defensa y doble uso que Israel está empleando en el uso contra la población civil”, recoge el Real Decreto impulsado por el Gobierno. Es más, el artículo 1 de este texto regula directamente “la prohibición de transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, para lo que “se prohíben las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel” de este tipo de material.

Intentar calificar el caso de este último préstamo, como se ha visto en ocasiones anteriores, de una alternativa excluida del Real Decreto, sea porque la filial a la que se concede es española o porque el material es necesario o se centrará en el territorio español, es obviar a conciencia que el beneficiario último de esta financiación será el Estado criminal de Israel. Los malabares verbales y los juegos de exclusión empresariales se antojan, además, insultantes cuando miles de personas, muchas de ellas niños, siguen siendo asesinadas bajo fuego israelí