El Gobierno prepara una ley para acelerar acogimientos y adopciones y reducir los menores que crecen en residencias

El Gobierno quiere dar un nuevo impulso al acogimiento familiar y agilizar los procedimientos de adopción en España. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una Ley de Familias Acogedoras que prevé llevar al Consejo de Ministros después del verano y con la que pretende reducir el número de niños y adolescentes tutelados que todavía crecen en centros residenciales.

La ministra Sira Rego ha avanzado que el texto se ha elaborado junto a asociaciones de familias acogedoras y asegura que también ha encontrado una buena disposición entre las comunidades autónomas. El siguiente paso será abordar su contenido en una próxima conferencia sectorial, especialmente relevante porque son las autonomías las que tienen buena parte de las competencias en protección de menores.

El objetivo de la futura norma pasa por facilitar los acogimientos, reconocer mejor a las familias que abren sus hogares a menores tutelados y hacer más eficientes unos procedimientos que en ocasiones se prolongan durante demasiado tiempo. También busca establecer una mayor coordinación entre territorios, de manera que las diferencias administrativas entre comunidades no terminen convirtiéndose en un obstáculo.

“La idea es que la ley facilite y reconozca el papel y el rol de las familias de acogida y genere mecanismos más eficientes y acorte los plazos”, ha explicado Rego en una entrevista concedida a Europa Press antes de la crisis migratoria de Ceuta.

Cerca de 20.000 menores continúan en acogimiento residencial

La reforma llega con unas cifras que el propio Ministerio considera preocupantes. Cerca de 20.000 menores tutelados viven actualmente en acogimiento residencial en España. Entre ellos hay alrededor de 1.200 niños menores de seis años y casi 600 que todavía no han cumplido los tres.

Son datos que Rego califica directamente de “muy malos” y que el Gobierno aspira a reducir progresivamente favoreciendo, cuando resulte posible y responda al interés del menor, alternativas familiares frente a la permanencia en centros.

La futura ley pretende aprovechar además aquellas experiencias que ya están funcionando en determinadas comunidades y trasladar sus mejores prácticas al conjunto del sistema. El propósito es evitar que el lugar en el que se encuentre tutelado un menor determine en exceso sus posibilidades de acceder a una familia acogedora.

Rego señala, no obstante, que el reto no corresponde exclusivamente a la Administración central. “Tenemos que hacernos cargo de esto”, sostiene la ministra, que recuerda que existe también “una parte de la responsabilidad” de las comunidades autónomas por las competencias que ejercen en esta materia.

Más reconocimiento para las familias de acogida

Uno de los pilares de la reforma será precisamente reforzar la figura de las familias acogedoras. El acogimiento no equivale a una adopción: se trata de una medida de protección que permite que un menor viva temporalmente en un entorno familiar cuando no puede permanecer con su familia de origen.

El Gobierno quiere que quienes participan en este sistema dispongan de mecanismos más claros y eficaces y que los trámites administrativos resulten menos pesados. En paralelo, la norma también pretende introducir mejoras que permitan agilizar las adopciones cuando esta sea la solución adecuada.

La intención del Ministerio es que la coordinación interterritorial evite duplicidades, reduzca esperas y facilite que las administraciones compartan procedimientos que hayan dado buenos resultados. Para ello será fundamental el acuerdo con las autonomías, con las que Juventud e Infancia espera trabajar el texto durante los próximos meses. Un horizonte ambicioso, que persigue que cada vez sean menos los menores que pasan buena parte de su infancia en el sistema residencial ante la falta de una alternativa familiar.