El Gobierno de España ha vuelto a demostrar su firme compromiso con la defensa de sus ciudadanos en el exterior al exigir la “inmediata liberación” del activista hispano-palestino Saif Abukeshek, detenido el pasado jueves en aguas internacionales cuando participaba en la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza. Desde el primer momento, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha actuado con rapidez y contundencia, calificando la detención como “ilegal” y activando todos los mecanismos diplomáticos a su alcance para garantizar la protección del ciudadano español.
El despliegue consular ha sido constante. El cónsul de España en Tel Aviv ha asistido a la vista judicial celebrada en Israel junto al activista y ha solicitado nuevas visitas para supervisar su estado. De hecho, ha pedido visitarlo de nuevo este lunes y ha trasladado su intención de “volver a visitarlo tantas veces como sea posible”, evidenciando un seguimiento cercano y permanente del caso. Además, el Gobierno ha mantenido contacto continuo con la familia de Abukeshek, reforzando una actuación que pone en el centro la protección de los derechos fundamentales.
La detención, que se produjo en aguas internacionales, ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones legales. La ONG Adalah, encargada de la defensa, ha sostenido que el proceso “es fundamentalmente defectuoso e ilegal”, al no existir base jurídica para aplicar cargos fuera del territorio israelí.
En este contexto, las abogadas de la organización, Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, defendieron ante el tribunal que no existe base legal para la aplicación extraterritorial de los cargos, subrayando la debilidad del procedimiento.
Por su parte, los fiscales israelíes han señalado a Abukeshek y a su compañero brasileño Thiago de Ávila por supuestos delitos como “colaborar con el enemigo en tiempos de guerra”, “contactar con un agente extranjero” o “pertenencia a una organización terrorista”, en referencia a Hamás, aunque —según la defensa— sin haber presentado cargos formales hasta el momento.
Defensa de los derechos humanos
El Gobierno español ha insistido en su exigencia de liberación inmediata en un contexto en el que la defensa denuncia graves irregularidades. Para Adalah, el proceso no es más que una “medida de represalia contra líderes activistas humanitarios”, por lo que ha exigido la liberación “inmediata e incondicional” de ambos.
La organización ha recordado además que, según declararon los propios detenidos, fueron víctimas de “graves abusos físicos que constituyen tortura, incluyendo palizas, aislamiento y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante días en alta mar”.
Un tribunal de la ciudad israelí de Ashkelon ha decidido extender hasta el martes la detención de ambos activistas, una resolución que rebaja la petición inicial de la Fiscalía pero mantiene una situación de alta preocupación jurídica y diplomática.. Ambos permanecen en la prisión de Shikma, en Ashkelon, bajo interrogatorio constante y en huelga de hambre como protesta por su situación, lo que ha intensificado aún más la presión internacional.