Pausa, coger oxígeno y volver a la carga. Es la opción que ha escogido el Partido Socialista este jueves a escasos minutos de que arrancara la comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha optado por aplazar la sesión que debatía la reforma fiscal y la extensión del impuesto a la banca y a las eléctricas. Será el próximo lunes cuando se retome la conversación. Decisión que concede a la coalición un margen mayor para amalgamar las posturas hasta hoy irreconciliables entre sus aliados, tanto a su derecha como a su izquierda. Como ya es costumbre, la coalición ha exprimido sus opciones hasta el último minuto, pero al detectar posturas tan graníticas en las mesa de negociación, prefirió perder la batalla para ganar la guerra.

El Gobierno mantuvo el pulso este jueves. Al contrario de lo ocurrido a principios de esta semana, escogieron ir hasta el final. O al menos hasta los últimos metros que la negociación y el calendario permitieran. Los teléfonos echaban humo en la Carrera de San Jerónimo, pese a no detectar movimientos en las poses iniciales. Una pista de lo ineludible, aunque la esperanza de sellar un pacto a múltiples bandas siempre está intacta. Rutina para Moncloa en una legislatura sin espacio para la geometría variable.

Este nuevo match ball salvado por el Ejecutivo evidencia la inestabilidad de la coalición en las Cortes, parapetado entre la pinza de la derecha y la ultraderecha y las demandas que vienen desde su izquierda y desde la izquierda independentista. Palpable en términos del impuesto a las grandes multinacionales y energéticas. Posiciones divergentes que han puesto en peligro la aprobación de una transposición europea a la que incluso el Partido Popular se ha abierto a apoyar con el fin de profundizar en esa debilidad. De esos polvos, estos lodos.

Equilibrios a contrarreloj

Así las cosas, el Gobierno araña un tiempo extra para la negociación mientras se consume el reloj de arena en Bruselas. Y es que el paquete fiscal contemplaba el impuesto mínimo a las multinacionales, demanda de la Unión Europea por la que España ya ha sido amonestada en reiteradas ocasiones. Por ello, para que esta norma salga adelante y eluda sanciones comunitarias, el Pleno debería celebrarse el jueves que viene y así, la norma entraría en vigor antes de finales de año.

Los dos miembros de la coalición cocinaban a fuego lento ciertos aspectos de un nuevo paquete fiscal que se entiende como el preludio a los contactos para cerrar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Unas Cuentas Públicas más claves que nunca, especialmente tras la devastación que ha causado la DANA en Valencia. Fue la vicepresidenta segunda la encargada de anunciar el acuerdo. Este pasado lunes, Yolanda Díaz verbalizaba el quórum en Moncloa, unas horas antes de que arrancara la sesión de la comisión de Hacienda en la Carrera de San Jerónimo.

La sesión del lunes debía concluir con un informe de la ponencia sobre el Proyecto de Ley, que delimita un impuesto mínimo global para los grupos multinacionales y también nacionales de elevada magnitud. Sin embargo, el consenso en el Consejo de Ministros resquebrajó algunos avances cosechados en las conversaciones con los grupos parlamentarios. Huelga decir que sus votos se antojan indispensables para que prospere este nuevo paquete fiscal y, por supuesto, la senda presupuestaria.

Un punto de fricción insalvable

He aquí la madre del cordero, pues los intereses de las fuerzas nacionalistas conservadoras chocan frontalmente con las líneas rojas marcadas por la izquierda parlamentaria. Tocaba pues un ejercicio de equilibrismo de extraordinaria dificultad, pues el principal punto de fricción se sitúa en el acuerdo del Gobierno con Junts, que deja fuera del paquete el gravamen a las energéticas; cuestión con la que pueden vivir en el PNV pero no en ERC, Bildu, Podemos y BNG.

Y es que, a finales del mes de octubre, con la denuncia de Bruselas por la demora en la tramitación de la trasposición sobre la mesa, se cerró el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley. Retraso que, a la postre, permitió al Ejecutivo incluir al articulado original algunas de las reformas fiscales solicitados por sus aliados parlamentarios. Así, los socialistas abrieron la vía del diálogo bilateral con PNV y Junts, adhiriendo al texto algunas de sus demandas. En paralelo, hicieron lo propio tanto con Sumar como con el resto de grupos de izquierdas, aunque sus reivindicaciones chocan con las derechas nacionalistas.

El caballo blanco del PP

El ambiente se enrareció entre los socios habituales hasta el punto de que apareció un actor inesperado en la ecuación. Pasado el mediodía, el rumor recorría toda la Carrera de San Jerónimo. Una especulación que situaba al Partido Popular como salvador de un PSOE al que no hace ni 24 horas atacaba con dureza. Los conservadores buscaron meter la cuchara para evidenciar la debilidad parlamentaria de los socialistas y la inestabilidad de la coalición.

Ante la posibilidad de que los conservadores acabaran la jornada como el héroe a lomos de un caballo blanco que salva de una muerte segura a sus adversarios. Un relato que atenazaba al PSOE, por lo que finalmente optaron por un aplazamiento. Derrota en la batalla quién sabe si para ganar la guerra o para consolidar otro tropezón de los socialistas en la Carrera de San Jerónimo. Así las cosas, si el dictamen llegara a Pleno en sus condiciones actuales y fuera rechazado, la arena del reloj ya se habría consumido y Bruselas tendría potestad para imponer sanciones a España; lo que pondría en peligro el quinto pago de los fondos europeos.