El Gobierno ha decidido aplazar la aprobación del nuevo decreto de vivienda, una de las principales apuestas legislativas con las que pretendía cerrar el curso político antes del parón estival.
El texto, cuya aprobación estaba prevista inicialmente para el Consejo de Ministros de este martes, ha sido retirado del orden del día ante la falta de una mayoría parlamentaria que garantice su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados.
Según fuentes del Ejecutivo, la decisión responde a la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre los partidos que sustentan la mayoría de investidura. Las diferencias existentes entre varias formaciones sobre algunos de los aspectos centrales de la norma han llevado al Gobierno a posponer su tramitación con el objetivo de reabrir las negociaciones durante el verano y evitar una nueva derrota parlamentaria al inicio del próximo periodo de sesiones.
La iniciativa estaba llamada a convertirse en una de las medidas de mayor calado social impulsadas por el Ejecutivo en la recta final de la legislatura.
El acceso a la vivienda continúa situándose entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, según reflejan los distintos estudios demoscópicos, y el Gobierno pretendía responder a esa demanda mediante un paquete de actuaciones orientadas a contener el incremento de los precios del alquiler y reforzar la protección de los inquilinos.
Entre las propuestas incluidas en el borrador figuraba la posibilidad de mantener congeladas las rentas de los contratos de alquiler durante un periodo de dos años, una medida que podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2028. La iniciativa, defendida especialmente por Sumar, buscaba ofrecer una respuesta inmediata al encarecimiento del mercado residencial, aunque desde el primer momento encontró resistencias entre algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo.
La negociación se ha visto condicionada por la diversidad de posiciones existentes dentro del bloque que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez.
Tras anunciarse que PSOE y Sumar habían alcanzado un principio de acuerdo sobre el contenido del decreto, tanto Junts como Podemos expresaron públicamente sus reservas respecto a varios apartados del texto, evidenciando que la mayoría necesaria para sacar adelante la norma todavía no estaba asegurada.
No era la primera vez que el Ejecutivo encontraba dificultades para impulsar esta materia. El pasado mes de abril, una iniciativa que incluía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler fue rechazada en el Congreso tras recibir el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Aquella derrota obligó al Gobierno a reformular la propuesta y ampliar el alcance del nuevo decreto con la intención de incorporar medidas capaces de atraer el respaldo de un mayor número de grupos parlamentarios.
Con ese objetivo, el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez había diseñado una negociación abierta con distintas formaciones. La estrategia pasaba por introducir modificaciones que atendieran algunas de las demandas planteadas por partidos como PNV, ERC, EH Bildu, Junts o Podemos, tratando de equilibrar intereses muy distintos en torno a una de las cuestiones con mayor impacto social y político de la legislatura.
Entre las modificaciones estudiadas figuraba la equiparación del alquiler de habitaciones al régimen jurídico de la vivienda habitual, una propuesta defendida por el PNV que contemplaba contratos de mayor duración y la aplicación de límites de precios en aquellas zonas declaradas como tensionadas.
El objetivo era reforzar la seguridad jurídica tanto de propietarios como de arrendatarios en un mercado que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años.
El principal punto de fricción continuó siendo, sin embargo, la regulación de los alquileres. Para tratar de facilitar un acuerdo, el Ejecutivo incorporó incentivos fiscales destinados a los propietarios que decidieran mantener o reducir el precio de las rentas, mediante bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Esta fórmula respondía a algunas de las propuestas planteadas por Junts, aunque no logró satisfacer las exigencias de Podemos, que reclamó cambios de mayor alcance en la política de vivienda.
La formación morada condicionó además cualquier negociación a la retirada de los artículos relativos a la reforma de la Ley del Suelo, al considerar que ese debate debía abordarse de forma independiente.
Frente a esa posición, el PNV defendió la inclusión de dichas modificaciones dentro del decreto al entender que permitirían agilizar la planificación urbanística, reforzar la seguridad jurídica y evitar bloqueos administrativos. Los nacionalistas vascos también reclamaron que la futura norma recogiera una regulación específica del alquiler de temporada y garantizara el respeto a las competencias autonómicas en materia de vivienda.
Ante la dificultad para conciliar posiciones y la ausencia de una mayoría suficiente en la Cámara Baja, el Ejecutivo ha optado finalmente por retrasar la aprobación del decreto. La intención del Gobierno es retomar las conversaciones con los distintos grupos parlamentarios durante los próximos meses con el objetivo de reconstruir los apoyos necesarios antes del inicio del nuevo periodo político.
El aplazamiento supone un revés para una de las principales iniciativas sociales previstas por el Gobierno antes del verano y refleja, una vez más, la complejidad de articular acuerdos estables en un Congreso marcado por la fragmentación parlamentaria. La evolución de las negociaciones tras el verano determinará si el Ejecutivo logra desbloquear una norma que considera prioritaria para afrontar la crisis de acceso a la vivienda o si, por el contrario, deberá volver a modificar su contenido para reunir una mayoría suficiente que permita su aprobación definitiva.
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